Hoy a las 10 comenzó el juicio oral y público por los graves incidentes ocurridos en la Legislatura en 2004. Son juzgados catorce vendedores ambulantes, prostitutas y travestis que se oponían a la aprobación del Código Contravencional.
El Tribunal Oral en lo Criminal 17 juzga a los acusados por " coacción, daños, privación ilegal de la libertad y atentado y resistencia a la autoridad", delitos por los que permanecieron 14 meses presos.
El primer paso fue la lecura de la acusación, que se extendió por aproximadamente una hora, en la que se describieron los hechos ocurridos en la Legislatura el 16 de julio de 2004. Posteriormente, el tribunal consultó a los imputados si aceptaban ser indagados.
Jorge Nievas aceptó, y cuando se le consultó si tenía antecedentes policiales, comenzó a denunciar una historia de permanentes malos tratos por parte de la policía, y concluyó con una reivindicación de los derechos civiles de las minorías sexuales.
Sus palabras fueron aplaudidas por un grupo de familiares de los acusados que se ubicó en el fondo del recinto. El Tribunal advirtió, entonces, que no toleraría otra manifestación como la expresada.
Fuera del palacio de Justicia, sobre el ingreso principal de la calle Talcahuano, se agolpan desde la mañana decenas de manifestantes que exigen la excarcelación de los imputados.
En los próximos días están citados a declarar los policías que realizaron los operativos, los legisladores que participaron de la sesión, empleados del edificio atacado y testigos de las detenciones.
El 17 de julio de 2004 por la mañana, numerosos manifestantes, en su mayoría vendedores ambulantes y prostitutas se congregaron frente a la Legislatura y cerca del mediodía un grupo intentó entrar por la fuerza a la sesión y rompió puertas y ventanas.
Por la tarde, la policía detuvo a quince personas, pero la mayoría asegura que no participó de los incidentes, que cuando fue apresado estaba a varias cuadras del lugar y que en los videos no aparece cometiendo ningún delito.
Los acusados son Carmen Ifrán, Marcela Sanagua, Margarita Meira, Pablo Armitrano, Carlos Santamaría, Eduardo Suriano, Adolfo Sánchez, Fabián Scaramella, Jorge Nievas, Eduardo Ruiz, Héctor Gómez, Aníbal Fortuny Calderón, Antonio Medina y César Gerez.
Todos fueron procesados por la jueza de instrucción Silvia Ramond y la Cámara del Crimen confirmó la decisión, por lo que recuperaron la libertad una vez que el Tribunal revisó el caso y luego de que tres de ellos hicieran una huelga de hambre.
