Cómo actuó el Consejo de la Magistratura en otros casos de magistrados polémicos

Un corte de luz impidió hoy que en el Consejo de la Magistratura se tome una decisión que ya generaba polémica respecto de un dictamen desestimatorio que podría “salvar” al juez federal, Rodolfo Canicoba Corral. El magistrado acumula cinco frentes en su contra, que el oficialismo busca desestimar. Pero en la situación de Canicoba, la actual oposición también tuvo un rol importante durante su gestión, que se extendió hasta diciembre del año pasado, para beneficiar al cuestionado magistrado que llegó al poder durante el menemismo.

Pero su caso no es el primero ni el único en el que en el organismo se busca “salvar” a un magistrado. Llamados, investigaciones que se duermen o jubilaciones que se apuran son algunos de los movimientos que el organismo ha registrado en los últimos años y que incluso llegaron a posibilitaron las salidas de magistrados, sin llegar al juicio político. Del polémico Norberto Oyarbide pasando por un camarista marplatense al que se investigó parsimoniosamente hasta que se jubiló, y la salida del ex camarista Jorge Ballestero son sólo algunos de los casos que se registraron en el último tiempo. 

Uno de los casos más conocido es el de Norberto Oyarbide, el hombre que ocupó el juzgado 5 de Comodoro Py desde los 90 y sobrevivió desde los escándalos de Spartacus hasta el de su lujoso anillo, pasando por los sobreseimientos express de los Kirchner  o llamados para impedir allanamientos. En abril de 2016, acorralado por las denuncias en su contra, dio un paso al costado. Hasta ese momento, el avance de los frentes en su contra habían sido de escaos a nulos. Tras presentar su renuncia, que el macrismo aceptó de inmediato, pasó a un retiro con jubilación VIP. Se evitó así llegar a un posible juicio político y destitución que lo hubiesen privado de la jubilación. Porque retirándose por su propia voluntad, Oyarbide pudo seguir cobrando del Estado casi lo mismo que percibía cuando renunció. 

En 2016, el entonces camarista de Mar del Plata Jorge Ferro fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por sus vínculos con una red de prostíbulos de esa ciudad. La causa contra el magistrado comenzó con la denuncia de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Al igual que con Oyarbide, el Consejo se tomó su tiempo para investigar al camarista. Y fue recién cuando el avance pareció impostergable para los deseos de un sector de la política, el magistrado renunció. En marzo de 2018, pocos días antes de que se concretran las testimoniales en su contra, Ferro renunció. Y al igual que Oyarbide casi dos años antes, salió con una suntuosa jubilación en su haber. 

La acusación contra Ferro era por el presunto encubrimiento de una red de trata que actuaba en el prostíbulo Madaho’ s, en la zona de Playa Grande, en Mar del Plata. Y entre los testigos citados para  dar su testimonio, poco antes de que él presentara su renuncia, estaban los propios fiscales Colombo y Mángano, los compañeros de tribunal de Ferro, Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, y Alejandro Ferrarelo, su íntimo amigo, y administrador del fideicomiso del local de Madahos, quien entre otras cosas usaba una extensión de la tarjeta de crédito de Ferro. Pero llegar hasta allí fue un camino árduo, en el que Ferro, durante dos años, no dio explicaciones a pesar de los graves delitos por los que se lo acusaba.

En mayo de 2018, en medio de una fuerte avanzada del macrismo, escrachado en el country dónde vivía y en medio de una licencia por motivos de salud, el entonces camarista de la Sala I de la Cámara Federal Jorge Ballestero, presentó su renuncia. Jubilación en mano, que el propio macrismo decía no tener problema en apurar si era necesaria para que Ballestero dejaba su lugar en la Cámara, “Pati”, dejó el Poder que había ocupado durante más de cuarenta años. Lo perseguían los ruidos de la polémica tras la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa, en marzo de ese año, de la que hasta el propio Mauricio Macri se había hecho eco. En la mira de Elisa Carrió, por posibles irregularidades en su declaración jurada, en el caso de Ballestero la justicia actuó diferente. Avanzó con celeridad. Allí la política aceleró los tiempos para lograr su salida y la posibilidad de quedar sin su jubilación cambió todo. 

Aún estaba fresco en tribunales el recuerdo de la remoción tras juicio político de Eduardo “Chiche” Freiler, camarista cercano al kirchnerismo y compañero de Sala de Ballestero. A diferencia de los anteriores, Freiler sufrió la embestida de Cambiemos, que estaba decidido a removerlo y por eso incluso apuntó a una maniobra polémica para conseguir los votos y enviarlo a juicio político. En noviembre de 2017 finalmente se produjo su remoción. El mismo día que se concretó ese hecho, en el Consejo, Cambiemos, adelantaba lo que sucedería una semana después: convocarían al juez Daniel Rafecas, a dar explicaciones por su rol en la causa por la denuncia de Alberto Nisman. Rafecas, hoy candidato a la Procuración, era otro de los jueces que el macrismo decía no querer en tribunales.

Tras citarlo y cuando faltaba poco para que se iniciara el pedido de juicio político en su contra, un llamado comenzó a cambiar la suerte del magistrado. Tal como reveló PERFIL en diciembre de 2017, cuando se debatía el tema, un importante funcionario afirmó que Elisa Carrió le pidió al senador radical Angel Rozas, quien entonces integraba el Consejo de la Magistratura, que congelara la acusación en el organismo contra Rafecas al creer que no se lo podía desplazar pero sí cabría una sanción disciplinaria. Previamente, la propia Carrió había sido la firmante de una solicitada en contra del magistrado. La política, una vez más, había marcado los tiempos del Consejo de la Magistratura.

CD / DS