POLITICA
En el ámbito laboral

Con críticas de las empresas, avanza el protocolo contra la violencia de género

El Convenio 190 de la OIT busca su ratificación en Diputados. Gobierno y privados coinciden que la letra chica tiene que ser consensuada para que pueda aplicarse.

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Congreso. El Gobierno sostiene que la norma es prioritaria. | captura de pantalla

La Comisión de legislación de trabajo de la Cámara de Diputados empezó a tratar la ratificación del Convenio 190 de la OIT, contra la violencia de género en el ámbito laboral, que también se debatió en un seminario organizado por el organismo, donde hubo coincidencia en que la violencia laboral muchas veces está completamente entrelazada con la violencia de género y el acoso. Pese a eso, desde el sector empresario mantienen sus reservas sobre la aplicación.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y el titular de Trabajo, Claudio Moroni, aseguraron que la norma es prioritaria para el Gobierno aunque reconocieron que tiene ser discutida y dialogada de forma colectiva para ser llevada a la práctica.

“Los dispositivos previstos en el convenio 190 están en sintonía con la legislación argentina y en particular con la Ley 26.485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, aclaró desde lo técnico Christoph Ernst, director interino de OIT Argentina.

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Para la economista y ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, el convenio “tiene que ser llevado a los convenios colectivos de trabajo, a los gremios y a las oficinas provinciales” y destacó que el protocolo fue tomado más por las organizaciones de trabajadores que por los empresarios. La funcionaria también reconoció que “hay falencias en la capacitación de los empleados públicos y se está trabajando en la creación de un observatorio”.

El Convenio se firmó en junio de 2019, en ese momento con la abstención del representante argentino del sector empresario, Daniel Funes de Rioja, abogado de la Unión Industrial Argentina y a cargo del B20. En esta ocasión, las advertencias volvieron a sonar desde la central fabril. Laura Gimenez, asesora jurídica de la UIA, consideró que “la definición combinada de violencia y acoso del artículo es ineficaz, tienen que darse definiciones diferenciadas” y recordó que fue algo que se discutió en la formulación del convenio. “Es necesario que en el debate legislativo se considere por separado. El segundo desafío es que el convenio sea un verdadero motor de cambio, para eso se necesita un diálogo social efectivo”, remarcó.

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Por su parte, desde la CGT, Noé Ruiz, destacó que el convenio abarca a todo tipo de persona, a los movimientos LGBT, y que se incluyó la violencia doméstica para personas con discapacidad. “En la pandemia, este instrumento va a ser fundamental para saltar las vallas en medio de estos cambios. A la tecnología le agregamos la pérdida de puestos de trabajo”, recordó sobre las amenazas para los puestos de trabajo.

Silvia León, secretaria de Género de la CTA Autónoma, coincidió en que se necesita la presencia del Estado y los diálogos tripartitos en los convenios de trabajo. Y apuntó al incumplimiento de las normas de salud como forma de violencia. “Ledesma tiene 300 contagiados y 11 muertos. Recién cuando se conoció esto le dieron licencia a los mayores de 60 y se empezó a discutir recién cuando se judicializó”, remarcó, además de denunciar los casos de violencia entre trabajadoras de casas particulares y el alto número de contagiadas.