En Argentina, los años no electorales generalmente sirven para habilitar discusiones sobre políticas de Estado, tomar decisiones sobre los ejes centrales de la gestión, zanjar desacuerdos con grupos de poder y, por supuesto, pensar en las próximas elecciones. El macrismo pretende no ser la excepción a la regla y ya anticipó que en 2018 buscará avanzar con dos cuestiones. Primero, insistir con la reforma política que quedó trunca en 2016, cuando no pudo superar el trámite en el Senado para lograr su aprobación y también impulsar un proyecto de reforma de la ley de financiamiento de los partidos políticos.
Para ambas cuestiones, necesita iniciar una ronda de negociaciones con distintos actores pero estima que el tema del financiamiento podría ser el más fácil de resolver. Es que para dar sanción a la reforma política necesita el acuerdo de los gobernadores, a los que ya les vino pidiendo varios favores en el final del año pasado.
“Viene medio lento el diálogo con los gobernadores, hay muchos temas antes”, admitieron a PERFIL desde el Ministerio del Interior, aunque ratificaron que se intentará trabajar en paralelo las dos iniciativas.
Respecto de las modificaciones al sistema del financiamiento electoral, en el Gobierno son más optimistas porque intuyen que la mayoría de los sectores estará a favor de transparentar los aportes. “El eje principal es que no haya más aportes en negro, que no venga un tipo con una valija de plata” para apoyar un candidato, resumen desde el Gobierno, que confía en que el secretario de Asuntos Políticos, el ex lilito Adrián Pérez, pueda completar la misión antes de fin de año. Para garantizar el fin de los aportes en negro se obligará a bancarizar todas las contribuciones.
De acuerdo con los datos difundidos por el Cippec sobre la campaña presidencial de 2015, el 90% de los aportes fue realizado en efectivo, lo que no permite determinar ni quiénes lo realizaron ni la procedencia de los fondos. Además, se contempla incorporar la posibilidad de que personas jurídicas puedan hacer aportes, con un límite del 2% del gasto total de la campaña, con la salvedad de que no pueden ser empresas prestadoras de servicios públicos ni concesionarias del Estado. De esta manera, se busca eliminar la figura de testaferros que otorgaron dinero a candidatos, para esquivar la prohibición que rige sobre las empresas.
En el caso de la reforma política, ya cuenta con media sanción de Diputados y requeriría su tratamiento en el Senado antes de noviembre, ya que a los dos años vence el trámite legislativo. Allí la prioridad será instituir la boleta única electrónica y encarar alguna modificación en las PASO. Si bien en el inicio de la discusión la intención del Gobierno era eliminarlas, no descartan la posibilidad de hacerlas optativas para la ciudadanía o dejar que cada partido tome la decisión sobre si quiere definir sus candidatos con esta modalidad.
Desde el oficialismo explicaron que el tratamiento debe darse en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que aún no se constituyó y, seguramente, será un trámite que se demore porque en esa comisión está puesto un importante foco de atención ya que debe tratar el desafuero de Cristina Kirchner.
