En los tribunales federales, el tiempo es poder. Para los jueces. Al presidente Mauricio Macri le quedan algunos frentes judiciales en los tribunales federales de Retiro en los que esté formalmente imputado, de acuerdo al relevamiento preliminar de PERFIL en los últimos días. Si bien varios miembros de su gobierno y de su círculo familiar y político están siendo investigados en distintas causas, los avances en la mayoría de estos expedientes han sido escasos o lentos en los últimos años.
El principal frente contra el Presidente es el caso Correo Argentino SA, en el que se investiga si Macri y sus funcionarios intentaron defraudar a la administración pública favoreciendo a la empresa de la familia presidencial con una quita del 98,87% de la deuda de la compañía con el Estado. El hecho ocurrió en junio de 2016, salió a luz en febrero de 2017 y entonces se inició la causa penal y Macri fue formalmente imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni (más tarde apartado de la fiscalía).
Las primeras indagatorias por el caso fueron en marzo último. Por primera y única vez, un juez federal citó a indagatoria a un ministro en ejercicio de la administración Macri: el ministro de Defensa y ex de Comunicaciones, Oscar Aguad. Su situación, desde entonces, aún no ha sido resuelta.
En otro expediente que lleva adelante el juez Claudio Bonadio se investiga el supuesto direccionamiento de la licitación de la obra emblema de macrismo: el Paseo del Bajo. El presidente no está formalmente denunciado aunque sí varios de sus funcionarios y su socio político Horacio Rodríguez Larreta. La causa tuvo pocas medidas de peso, confirmaron dos fuentes judiciales con acceso directo a la causa, y el juzgado pidió más documentación oficial sobre la licitación tras las PASO. Se estuvieron digitalizando las 36 cajas de documentos secuestrados el año pasado, agregaron las fuentes.
Varios miembros de su círculo familiar y político están bajo la lupa de la Justicia
Macri también está formalmente imputado en la causa por la venta de Macair (Macri Air) a la aerolínea Avianca, a la que el Gobierno iba a otorgarle 36 rutas aéreas. El expediente tuvo lentos avances y recientemente cambió de juez: quedó a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.
El juez Canicoba también está al mando de un expediente nuevo contra el gobierno de Macri por supuestas maniobras para beneficiar a una empresa de autopistas que era de la familia presidencial. El fiscal del caso es Carlos Stornelli, quien abrió la investigación en los últimos días. El juez ya ordenó varias medidas.
Hay otro expediente iniciado en 2017 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por supuestas negociaciones incompatibles por el aumento de tarifas y los beneficios económicos que habrían recibido con la medida empresarios cercanos al Presidente. El objeto de investigación es complejo, el Presidente está formalmente imputado y el expediente está en pleno trámite, confirmaron fuentes judiciales.
El caso de los parques eólicos también avanzó poco. Se está analizando la documentación, sostuvo una fuente del caso. La denuncia data de enero de 2018. Macri no está imputado pero se investiga a su ex ministro Juan José Aranguren y al hermano del Presidente, entre otros, por supuestos beneficios a las empresas de la familia presidencial e irregularidades en la licitación de contratos con la subsecretaría de Energías Renovables.
Denuncian presiones a la fiscal del caso Correo SA
Hablando de tiempos. Dos decisiones de la Cámara Federal porteña llamaron la atención de los medios la semana pasada, post PASO. Si bien, ambos fallos de la Sala II del tribunal se leyeron como perjudiciales para Macri y beneficiosos para el kirchnerismo, quienes conocen bien esos expedientes y saben cómo bombea el corazón del gris edificio de Comodoro Py 2002 (dilatando) no detectaron nada fuera de lo normal.
En el caso Correo Argentino SA, los camaristas rechazaron dos recursos presentados por la defensa de un ejecutivo y el abogado de la empresa de los Macri que estaba pendiende de resolver desde abril.
El resultado fue el esperado, según fuentes del juzgado y la fiscalía: los planteos tenían escasas posibilidades de ser aceptados en el tribunal. Planteaban el cierre de la causa por falta de acción (falta de actividad en el expediente) y la nulidad del pedido de indagatorias de parte de los imputados, algo difícil de sostener al analizar el expediente.
El momento de la decisión sí incide en el curso de la investigación: ahora que la Cámara dio luz verde, el juez Lijo está en condiciones de decidir si procesa o no al ministro Aguad y a otros tres indagados en la causa. Queda pendiente para el nuevo fiscal del caso, Eduardo Taiano, y para el juzgado decidir si citarán a no a indagatoria al propio Macri.
En el fallo por el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la Cámara Federal decidió anular todo lo resuelto por el juez del caso: dio marcha atrás con los procesamientos por supuestas dádivas de los ex funcionarios kirchneristas y con la faltas de mérito de los empresarios (incluido Angelo Calcaterra, primo de Macri). Pero esta era la decisión de mínima que se esperaba de los camaristas porque el fiscal del caso había solicitado que se los procese a todos los indagados por sobornos (un delito mucho más grave que las dádivas y que complicaba tanto a ex funcionarios como a los empresarios y ejecutivos).
Ahora, los involucrados, especialmente los empresario y el primo presidencial, ganaron tiempo. Marcelo Martínez de Giorgi debe esperar que la autoridades de Brasil le envíen pruebas y testimonios de arrepentidos ya aportados por periodistas en la investigación y seguir buscando pruebas de los presuntos sobornos en este capítulo del caso Odebrecht.
El fiscal había presentado ante la Cámara registros bancarios y pruebas de pagos a empresas sospechosas o fantasmas que encubrirían los sobornos ya admitidos por la empresa Odebrecht en esta obra (en la Justicia de Brasil) y las evidencias estaban siendo analizadas en la Cámara cuando salió una resolución de apena 9 páginas decretando la nulidad de las decisiones del juez.
Hay otra causa del caso Odebrecht sobre la que la Cámara Federal aún debe fallar y que tiene alcances tan sensibles como los del soterramiento: el caso de las plantas de Aysa. Importantes empresarios están procesados por sobornos y el tribunal debe decidir si confirma la decisión del juez Sebastián Casanello.
