El exsenador bonaerense del Bloque Unión-PRO (luego llamado Unión Celeste y Blanco), Antonio Armando Nieto, fue condenado por la Justicia por corrupción por hechos cometidos entre los años 2008 y 2011. En el marco de la misma causa, también fue sentenciado su hijo, Leonardo Damián Nieto y Alfredo Fabián Digiano, ambos secretarios administrativos de ese bloque.
La sentencia fue dictada por la jueza Claudio Greco, a cargo del Juzgado en lo Correccional 4 de La Plata, quien condenó a los hombres por el delito de defraudación a la administración pública por una suma cuantificada al día de hoy en seiscientos mil dólares. En el fallo al que accedió 0221.com.ar se detalla que los tres imputados recibieron inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Sumado a esto, al exlegislador se le impuso la pena de cuatro años de prisión. Por su parte, su hijo fue condenado a tres años y seis meses; mientras que Digiano recibió dos años de prisión de ejecución condicional.
La causa reveló un mecanismo por el cual se utilizaban los datos de personas de bajos recursos económicos, los cuales eran obtenidos a través de la promesa de que se les otorgaría una ayuda económica o una afiliación a la obra social del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). A partir de esta información, los individuos eran designados como empleados del bloque político sin su conocimiento con el objetivo de apoderarse de los salarios asignados.
La maniobra se descubrió debido a que una de las personas engañadas intentó tramitar la asignación familiar por hijo sin éxito, ya que figuraba como un trabajador en blanco del Senado. A raíz de ese hecho, el individuo descubrió que figuraba como empleado de la Cámara Alta.
En la instrucción se determinó que con los datos filiatorios de esas personas, Nieto "elevaba al Presidente de la Cámara las propuestas de designación en la modalidad Bloque Político a sabiendas de que ninguno de ellos habría de prestar funciones en calidad de empleados del Bloque".
Los datos utilizados, "en algunos casos eran obtenidos por una mujer de origen paraguayo y dueña de una peluquería" en referencia a María Lorenza Santa Cruz Franco, "a instancias del secretario administrativo del Bloque Unión Pro designado en primer término", Alfredo Fabián Digiano. La mujer, que fue asistida por el abogado Christian Romano no fue acusada en el juicio.
El exfiscal de Investigaciones Complejas de La Plata Jorge Paolini aseguró en el expediente fiscal que el "entonces senador de la Provincia de Buenos Aires por el partido Unión Pro -luego, Unión Celeste y Blanco-, con la colaboración necesaria -primero- del secretario administrativo del bloque partidario de mención y de una mujer allegada a este último, y -luego- de uno de sus hijos quien también asumiera la función de secretario de bloque, defraudó a la administración pública provincial en al menos 39 ocasiones, mediante el cobro de importantísimas sumas de dinero liquidadas en favor de distintas personas que nunca prestaron funciones en el Honorable Senado de la Provincia".
Según se estableció en el expediente, el hecho generó "un perjuicio patrimonial, al Erario Público Provincial por una suma superior a los dos millones y medio de pesos". Entre los años 2008 y 2011 el valor promedio del dólar oficial era de $3,75. Cuantificada al día de hoy, el monto asciende a más de 660 mil dólares.
Sumado a esto, la investigación determinó que existió otra maniobra fraudulenta, la cual consistía en aprovecharse "que las tarjetas de débito de los empleados designados del modo antes descrito, eran giradas desde el Banco Provincia de Buenos Aires al edificio del Anexo del Senado, -siendo ésta una modalidad de entrega utilizada por defecto, cuando no se consignaba el domicilio real del titular de la cuenta-, era el propio secretario administrativo de bloque, quien retenía los plásticos, una vez entregados en las oficinas del Senado Provincial".
La jueza consideró como agravantes de la pena "la afectación de bien jurídico protegido por tratarse de un delito continuado que se llevó a cabo durante varios años" y "la calidad de funcionarios públicos" que revestían los Nieto y el puntero Digiano. Asimismo, ponderó como agravante también que "en la mayoría de los casos los sujetos engañados eran personas de bajos recursos económicos, sin formación académica, con trabajos informales, tratándose del grupo más vulnerable de la sociedad".
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En el juicio oral intervino la fiscal de juicio Victoria Huergo, quien en los últimos meses logró varias condenas por casos de corrupción y asociación ilícita, como las condenas al exjuez César Melazo y a Mariano Bruera. En la primera audiencia declararon personas a quienes les robaron sus datos personales, las cuales confirmaron la maniobra que apunta directamente al exlegislador.
Como parte de la evidencia, en el expediente se detallan informes oficiales del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la obra social IOMA, de empresas de telefonía, del propio Senado provincial y de la AFIP, entre otros organismos. También declararon trabajadores de carrera del Senado provincial, explicando los procedimientos para la designación del personal de los distintos bloques políticos al momento de los hechos.
La investigación del fiscal Paolini habían sido validadas en el pasado por el juzgado de Garantías y la Cámara Penal, a lo que se suma el fallo del juzgado Correccional. Sin embargo, las defensas (Daniel Llermanos y Marcelo Peña) evalúan apelar la sentencia de primera instancia.
