La dirigente de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió presentó una denuncia contra el intendente del partido bonaerense de Pilar, Federico Achával, por licitaciones que se habrían realizado "de manera irregular" para beneficiar a empresarios cercanos a él. Entre los acusados, se encuentran funcionarios municipales que habrían otorgado contratos a integrantes de sus familias.
La presentación judicial fue realizada por la dirigente de Juntos por el Cambio y el presidente de la CC de Pilar, Matías Yofe, ante el Fiscal General del Departamento General de San Isidro, John Broyad. A través del escrito, pidieron que se investigue la posible comisión de delitos de corrupción en el mencionado municipio a raíz de un informe publicado por el medio local El Disenso.
La investigación indica que se habrían realizado licitaciones presuntamente amañadas, en las que habrían sido beneficiados de manera irregular personas cercanas a Achával, del Frente de Todos. Entre los mencionados se encuentra Héctor Torres, descrito en la publicación como “proveedor multi rubro, dado de alta en AFIP en agosto de 2020 y que rápidamente se convirtió en la estrella de la actual gestión”, quien oficiaría de intermediario en las operaciones aludidas.
"En la muni de Pilar, ante cualquier necesidad hay un dicho: ¡Llamalo a Torres!", dice el artículo. En ese sentido, el informe señala que detrás de "un cardumen de personas físicas y jurídicas" se encuentra Patricio Alejandro Naughton, coordinador de la Dirección de Compras del municipio.
El comunicado de prensa difundido por la Coalición Cívica explica que Naughton habría "otorgado licitaciones a gente de su familia mediante maniobras fraudulentas, en claro perjuicio para el municipio". Algunas de las personas que habrían estado implicadas serían su esposa y su suegra.
“Cabe destacar que esta falta puede importar un perjuicio económico para el Estado provincial, en tanto se la podría privar de acudir al mercado y obtener potenciales mejores ofertas”, indica el texto de la denuncia presentada por Carrió y Yofe.
“Esta situación ha sido reiteradamente valorada en la jurisprudencia para considerar producida la comisión de defraudación por administración fraudulenta contra la Administración Pública (artículo 174 inciso 5, en función del artículo 173 inciso 7 del Código Penal), uno de los delitos vinculados a corrupción con mayor pena", continúa.
Por último, consideraron que "se ve satisfecho con la violación al deber de respetar un mecanismo legal de contratación que corresponde para cada caso —licitación pública— mediante la cual se hubiesen podido obtener precios más ventajosos”.
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