La Cámara federal porteña confirmó ayer el procesamiento del financista Ernesto Clarens en el marco de la causa que investiga el lavado de más de 160 millones de dólares en operaciones vinculadas al empresario Lázaro Báez y las licitaciones obtenidas del gobierno de Cristina Kirchner. Precisamente, la actual vicepresidenta enfrenta un juicio oral por la causa sobre la obra pública donde también figuran el ex ministro Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.
Así lo decidieron los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes ratificaron la situación procesal de Clarens y el resto de los acusados que el juez Julián Ercolini había apuntado inicialmente.
De acuerdo a la investigación, hubo maniobras de lavado de 502 millones de pesos sustraídos del Estado Nacional mediante un fraude a la obra pública entre 2005 y 2009. En ese entonces, a valor oficial, representaban unos 160 millones de dólares.
Fue el fiscal Gerardo Pollicita quien identificó que Invernes SA, la empresa de Clarens, cobró certificaciones de obra de la empresa Gotti SA, una de las empresas luego absorbidas por el Grupo Austral de Lázaro Báez. Dicho grupo fue millonariamente favorecido por la obra pública en Santa Cruz durante la gestión de los Kirchner.
“Se ha podido corroborar una nueva operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita ya investigada desplegó un proyecto delictivo, bajo la conducción de Lázaro Báez y Ernesto Clarens –con la colaboración de una gran cantidad de individuos–”, apuntó el juez Ercolini.
Y agregó que se montó un “mecanismo de reciclaje basado en la ficción de costos inexistentes, con el objetivo de dar a dichos fondos apariencia de licitud, alejándolos de su origen espurio y convirtiéndolos en efectivo, lo que obstruyó para siempre su seguimiento”.
Esta causa está anexada a la de asociación ilícita que también involucra a Báez y a la vicepresidenta, donde se determinó que los fondos investigados en cuestión se desprendieron del erario público mediante licitaciones de obra pública entre los años 2005 y 2009.
Asimismo, Clarens fue aceptado como “arrepentido” en la causa de los cuadernos de las coimas que también involucra a funcionarios y empresarios de la gestión kirchnerista.
Ercolini había procesado a Clarens en noviembre de 2020 por “lavado de activos agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esa naturaleza”. A esto se le sumó un embargo por mil millones de pesos y también fueron procesados otros financistas, contadores y comerciantes por la maniobra que involucra a las firmas Austral Constru-cciones y Gotti SA, ligadas a Lázaro Báez, y de Invernes SA, de Clarens.
El origen de la investigación es la denuncia que realizó la ex diputada nacional Elisa Carrió para determinar si desde la llegada de Néstor Kirchner al poder hasta la salida de Cristina Kirchner en 2015 hubo una tarea sistemática para desviar dinero de la obra pública y posteriormente encarar un mecanismo de lavado de activos, con intermediaciones comerciales y financieras para incorporar los bienes dentro del circuito legal.
