La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) rechazó ayer el decreto del Gobierno que les permite a las cooperativas de trabajo acceder a las licitaciones de obra pública.
El Gobierno, a través del decreto 728, resolvió la ampliación de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo e instruyó a los ministerios la integración del Consejo de la Economía Popular y dispuso que el 30% de la obra pública se licite entre las cooperativas de ese universo social. La cámara, al rechazar la medida, señaló que el Gobierno alienta una competencia desleal con las empresas al señalar que las cooperativas realizan su actividad en la informalidad.
La entidad afirmó que “la consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas pymes constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores”.
