La fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín dictaminó en contra del pedido del gobierno para suspender por 120 días la tramitación del acuerdo de pago por la deuda del Correo Argentino con el Estado, por la gestión durante el tiempo en que estuvo privatizado y operado por una empresa de la familia Macri.
Boquín consideró que el expediente judicial está en condiciones de ser resuelto de inmediato y pidió que efectivamente se adopte una decisión definitiva al respecto.
Mediante dos dictámenes, Boquín -quien denunció los términos del acuerdo entre el Estado y la empresa, que virtualmente condonaba una multimillonaria deuda- advirtió además sobre las conductas procesales del Correo Argentino en el expediente.
"Corresponde rechazar el pedido de suspensión de todos los plazos procesales por el término de 120 días y la petición para que se suspenda la realización de la audiencia fijada para el 16 de marzo de 2017 hasta tanto el Procurador del Tesoro cuente con los antecedentes judiciales y administrativos para asumir la defensa del Estado", opinó Boquín, según informaron fuentes judiciales a la agencia DyN.
Para la fiscal, ese plazo de 120 días implica "una demora injustificada del trámite en perjuicio de los acreedores y un tratamiento desigual".
En ese contexto, recordó que la Procuración del Tesoro "ya ha tomado intervención en estos actuados sin solicitar la suspensión de plazos procesales, ni abogar por el requerimiento efectuado por el Ministerio de Comunicaciones", es decir que el plazo requerido tiene solo una consecuencia dilatoria.
"Las presentes actuaciones se encuentran en condiciones de ser resueltas, lo que así solicito", insistió la fiscal.
Además, señaló que el Estado Nacional primero aceptó un acuerdo y luego se desdijo, por lo cual no hay acuerdo entre la empresa y los acreedores y, en consecuencia, la causa debe seguir su normal tramitación.
"Con la retractación formulada por el Estado Nacional resulta evidente que la concursada no ha alcanzado las mayorías" necesarias para forzar un acuerdo que involucre a todos los acreedores, dictaminó Boquín.
La fiscal recordó que fue el Estado Nacional el que pidió la suspensión por 120 días de los plazos legales del expediente, pero entendió que esa petición "carece de sustento legal y no puede seguir avasallándose la normativa concursal e incumplirse los plazos legalmente previstos en un evidente abuso del proceso, distorsionando el mismo".
Además, resaltó el "carácter abusivo de la propuesta formulada por la concursada", que según sus propios cálculos le hubiera permitido una virtual condonación de una multimillonaria deuda con el Estado.
"Solicito se dicte sentencia que resuelva el recurso interpuesto por la concursada", reiteró la fiscal.
En el mismo orden, alertó sobre la conducta de la sindicatura (en representación de los acreedores de la empresa) sobre el devenir del expediente.
