La Corte Suprema envió a la Justicia Federal de Santa Rosa, La Pampa, una denuncia contra varios funcionarios por presunta protección de prostíbulos en la provincia. Entre ellos, se investiga al intendente de Lonquimay, Luis Rogers, quien en 2009 había defendido a las whiskerías por brindar "contención" a "transportistas y jóvenes".
También figuran en el expediente el subcomisario Carlos Adrián Alanis, a cargo de la comisaría local, y el dueño del local Good Night, Carlos Fernández.
La causa se inició en 2009 por la denuncia de una policía de la localidad pampeana, quien "tomó conocimiento de supuestas situaciones irregulares entre el subcomisario a cargo de la mencionada dependencia policial y los dueños de las whiskerías".
"Específicamente, se refirió a la sospecha de que en el local nocturno Good Night funcionaba una whiskería en la que se ejercía la prostitución, que en dicho establecimiento trabajaban mujeres de diferentes nacionalidades y que todas ellas se encontraban en deficientes condiciones de habitación y sanidad", agrega el expediente, según consignó la agencia DyN.
La investigación permitió establecer que el policía Alanis conocía las presuntas actividades de explotación sexual en Good Night, pues "convivía con la encargada de la whiskería de Colonia Barón", una localidad cercana en la que también funcionaba un local similar.
"Además mantenía una fluida relación con Fernández -propietario de la Good Night- y con Rogers -intendente de Lonquimay-, quien no sólo defendió ante medios periodísticos provinciales la existencia de este tipo de locales nocturnos sino que, en particular, se pronunció en contra de eventual cierre".
El exprocurador general de la Nación Esteban Righi dictaminó en junio de 2011 que la causa debía tramitar ante la Justicia Federal: "La denuncia y los escasos elementos probatorios colectados hasta el momento dan cuenta de la existencia de algunos de esos extremos que, hacen necesario comprobar si no se está frente a una hipótesis de ese delito", trata de personas.
Ahora la Corte Suprema resolvió asignar competencia al juzgado federal de Santa Rosa, a cargo del juez Pedro Vicente Zabala, quien ya recibió el expediente para iniciar la investigación, informó DyN.
