La reforma judicial que intenta llevar adelante el kirchnerismo dependerá, en última instancia, de la Corte Suprema, donde las primeras señales que surgieron son negativas para el Gobierno y que podrían convertirse en un fallo adverso incluso antes de las elecciones. La tensión entre el Máximo Tribunal y el Ejecutivo sumaría así un nuevo capítulo de un choque de poderes cada vez más habitual.
Las impugnaciones de inconstitucionalidad que está previsto que reciban algunos de los proyectos luego de ser aprobados en el Congreso tarde o temprano caerán en la Corte. A eso se suma la definición de la batalla por la Ley de Medios, que se estima que esta semana saldrá de la Cámara Federal (que declararía su inconstitucionalidad) y llegará también a los despachos de los ministros supremos. Precisamente, en el trámite judicial que tuvo la causa que presentó el Grupo Clarín en contra de la Ley de Medios se encuentran varios de los fundamentos por los que el Gobierno se muestra interesado en “democratizar la Justicia”.
Los jueces del Tribunal, en una reunión extraordinaria que mantuvieron el jueves último, comenzaron a analizar las vicisitudes de la reforma judicial y el trámite que podría tener hasta el momento en que ellos deban definir. Como están convencidos de que deberán fallar al respecto, decidieron no emitir ninguna declaración pública, para evitar así una futura recusación. Además, pusieron en marcha rondas de consultas con las organizaciones de magistrados nacionales, federales y provinciales y solicitaron a los secretarios letrados de la Corte que analicen detalladamente los seis proyectos que impulsa el Gobierno.
Según le explicó un alto funcionario judicial a PERFIL, la preocupación de los siete jueces mantiene al órgano unido. Creen que la reforma que impulsa Cristina Kirchner es de “gravedad institucional”. Incluso Eugenio Zaffaroni, el ministro que mayor afinidad tiene con el kirchnerismo, se habría mostrado contrario a los cambios en el Consejo de la Magistratura y a la limitación de las medidas cautelares contra el Estado. Ayer, en declaraciones radiales, Zaffaroni evitó pronunciarse sobre los proyectos, aunque reconoció que le “entusiasma que se discuta el tema judicial”.
Los jueces, en principio, no avalarían la partidización que significaría que miembros del nuevo Consejo de la Magistratura sean electos por el voto popular formando parte de las boletas de las agrupaciones políticas. La politización de la Justicia, sostienen, está prohibida por la Constitución como garantía de “imparcialidad” de los jueces.
Tiempos. En el escenario político que se avecina será clave el tiempo que tarde la Corte Suprema en recibir las demandas y resolverlas. Por la proximidad de las elecciones primarias, incluso, el kirchnerismo podría ver fraguado su intento de hacer debutar la votación popular de consejeros en este año.
En el Gobierno, de todas formas, se muestran convencidos de que la Corte no se opondrá a la reforma judicial, a pesar de que reconocen que el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura es el que más dudas puede generar. Las expresiones de rechazo surgidas en el CELS, una ong afín al kirchnerismo, e incluso las críticas en reserva surgidas de juristas oficialistas, contradicen el optimismo gubernamental.
El teléfono de Ricardo Lorenzetti no ha tenido descanso por las inquietudes de los referentes de organizaciones de magistrados de todo el país sobre las posturas a tomar. Ya se sabe que por lo menos medio centenar de colegios de abogados presentarán recursos de inconstitucionalidad con medidas de no innovar. Objetan, sobre todo, que el artículo 114 de la Constitución procura un equilibrio entre el estamento político (elegido por el voto popular) y el judicial en el Consejo de la Magistratura. Se debe procurar, dice textual, “el equilibrio entre la representación”. Los jueces, aunque también se manifestaron en contra, todavía no hicieron pública la estrategia a seguir.
El choque de poderes, en este caso, no se da sólo por interpretaciones de constitucionalidad. La reforma que prevé el kirchnerismo le quita gran parte de su poder a la Corte.
Hasta ahora Lorenzetti siempre intentó alcanzar consensos con el Gobierno. Esta vez, sin embargo, el choque parece inevitable.
