Un día después de que el fiscal Gerardo Pollicita lo citara a indagatoria por la causa de evasión de 8000 millones de pesos en impuestos, y a horas de que la Justicia desestimara su pedido de trasladar la causa a los juzgados de Comodoro Rivadavia, Cristóbal López sufrió el embargo de todos los fondos que varias de sus empresas tienen depositados en cuentas corrientes, cajas de ahorro y demás tipos de cuentas del banco Finansur, también de su propiedad.
El congelamiento de activos, al que tuvo acceso Perfil.com en exclusiva, es para garantizar el pago de los juicios laborales iniciados por dos conductores de radio y televisión, la periodista de espectáculos Analía Franchín -pareja del empresario Sebastián Eskenazi- y el humorista Rolando Oyamburo -conocido como “Rolo” Villar-. Ambos fueron despedidos en situaciones irregulares del canal de noticias C5N, y las radios 10 y FM Pop, luego de que Cristóbal López comprara esos medios al empresario Daniel Hadad y los convirtiera en un multimedios kirchnerista.
Si bien en el entorno del empresario reconocen la profunda crisis financiera que vive, se negaron a hacer declaraciones respecto al nuevo embargo declarado hoy.
Ambos embargos, ordenados contra Telepiú SA (C5N), Votionis SA (Radio 10) y DH Com (FM Pop) fueron los primeros en concretarse de una larga lista de reclamos laborales, entre los que hay varias denuncias por censura y presiones políticas.
Los fondos, transferidos a una cuenta oficial del Banco Ciudad sucursal Tribunales, suman un total de 25.284.912 de pesos. Fueron solicitados a la Justicia por el abogado Gonzalo Espinosa Paz, que nuclea las mayores demandas laborales contra el empresario. Entre ellas, las del conductor de Radio Mitre Marcelo Longobardi, despedido de Radio 10 por sus críticas al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que era el programa de mayor audiencia.
Los embargos fueron dictados por la jueza subrrogante Dora Eva Temis, del Juzgado Nacional del Trabajo número 53, y por la jueza Yolanda Liliana Scheidegger, del Juzgado Nacional del Trabajo número 36, ante el “peligro de insolvencia sobreviviente que puede afectar la responsabilidad patrimonial (de las empresas)”.
Se esperan medidas similares en los próximos días ya que el monto total demandado por los juicios laborales contra los medios del Grupo Indalo asciende a más de 200 millones de pesos.
Despidos y juicios. "Cuando Cristóbal López compró los medios de Hadad, produjo una cantidad de despidos, fundamentalmente de periodistas que no estaban de acuerdo con su linea editorial, o no aceptaban las bajadas de linea a favor del gobierno kirchnerista", explicó el abogado Gonzalo Espinosa Paz en diálogo telefónico con Perfil.com.
El letrado representa a 25 despedidos, pero hay entre 30 y 35 cesanteados que litigan contra el titular del Grupo Indalo. "Iniciamos acciones de carácter laboral individualmente", sostuvo, ya que los despidos no fueron masivos, sino que se sucedieron entre diciembre de 2012 y marzo de 2013. "En esos cuatro meses hizo limpieza de toda la gente que no adhería a las bajadas de línea", comentó.
En de 2014, Paz presentó una nueva denuncia, esta vez penal, contra el Grupo Indalo, porque "retenían los aportes de los trabajadores de C5N y no los depositaban en la AFIP". "No estaban pagando aportes desde abril de 2012", sostuvo.
En diálogo con este portal, comparó la situación con la de Oil, que retenía el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles que debía transferir al ente tributario: "El mecanismo es el mismo, no pagar impuestos y con eso comprar nuevas empresas", argumentó.
El abogado presentó un embargo preventivo por cada uno de sus representados "a fines de preservar el patrimonio", ya que "las empresas de medios del Grupo Indalo no estarían en condiciones de cumplir con sus obligaciones". "La gran usina de Indalo para transferencias de fondos era Oil, que está concursada, y tiene un síndico y un interventor, ya no puede derivar fondos a otras empresas;ellos sacaban plata de Oil Combustibles y con eso solucionaban el tema", detalló.
Paz cree que López podría llevar a sus empresas "a concurso preventivo" porque "no tiene posibilidad de solucionar los juicios" antes de fin de mes, cuando deba afrontar el pago de sueldos con sus cuentas embargadas. "Ya prácticamente no tienen tiempo", sostuvo. Por eso, afirmó a Perfil.com que "el concurso preventivo podría ser una una alternativa para que estas empresas puedan solucionar temporariamente su conflicto".
El letrado se mostró optimista respecto al resultado de las demandas laborales: "Un juez, en un juicio laboral, no otorga un embargo preventivo por 19 millones si no tiene medianamente la certeza de que tenés razón en tu reclamo, para preservar esos fondos que de alguna manera te corresponden".
"En el procedimiento laboral, el embargo preventivo es de carácter excepcional; únicamente lo conceden cuando tenés sentencia firme de primera instancia, que no tenemos, o cuando hay un peligro en la demora del proceso, o cuando hay peligro de insolvencia de parte de la empresa. Lo que nosotros hemos acreditado es, no solo el derecho del trabajador, sino el riesgo de insolvencia de todo el grupo", resumió.
(*) Especial para Perfil.com | En Twitter: @guadavazquez
