"Esta semana ingresa". Esa es la confirmación que llega a PERFIL desde el bloque del Frente de Todos en el Senado sobre el proyecto para la expropiación de la cerealera Vicentín.
La bancada oficialista, pero sobre todo el ala que comanda Cristina Kirchner con Anabel Fernández Sagasti como principal terrateniente, está haciendo lo posible para no dejar pasar el tren y lograr que el texto que está terminando de elaborar el Poder Ejecutivo llegue a Mesa de Entradas antes del fin de semana.
En coincidencia con la cuarentena y la discusión por las sesiones virtuales, el oficialismo lanzó varios anuncios de iniciativas polémicas como la reforma judicial o el impuesto a la riqueza que generaron gran revuelo pero cuyos textos aún no fueron dados a conocer. En ese contexto, en el Senado se apuran por aclarar que este no será el caso y que en las próximas horas se pondrán manos a la obra.
En términos prácticos, el Frente de Todos cuenta con quórum propio y confía en sumar las voluntades para alcanzar la media sanción con cierta holgura pero las experiencias de las últimas dos sesiones con la modalidad virtual anticipan que no será fácil hacer llegar el tema al recinto.
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El 4 de mayo Cristina Kirchner firmó la resolución sobre las nuevas reglas de sesiones remotas, con la presencia en el Palacio Legislativo de la titular del cuerpo y las autoridades de la Cámara, y el resto de los legisladores desde sus despachos o conectados desde sus provincias.
Ese protocolo al que se arribó en acuerdo con la oposición se firmó por 60 días (corridos de acuerdo a la interpretación K) y establece que solo se tratarán temas vinculados a la pandemia de coronavirus. En ese contexto, la oposición se negó a tratar la ley de alquileres y la suspensión de la inscripción de las sociedades por acciones simplificadas (SAS), por considerar que nada tenían que ver con el Covid.
Siguiendo ese argumento, se retiraron de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se realizó el último viernes, en la que se trató un proyecto del senador Oscar Parrilli para, a su vez, crear otra comisión que investigue la deuda de Vicentín con el Banco Nación y brinde un informe en 180 días.
El vínculo quedó tirante luego de dichos episodios y todo hace pensar que Juntos por el Cambio, con el respaldo de algunos aliados como Juan Carlos Romero (quienes conforman un grupo de 29 senadores), seguirán con la misma actitud en tanto y en cuanto el oficialismo pretenda seguir imponiendo agenda.
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"Un debate de la envergadura de Vicentín no puede hacerse de forma remota. No se le puede retacear el uso de la palabra a nadie. Porque acá se debatirá la inconstitucionalidad de una medida, las consecuencias sobre la economía. Este debate debe ser de forma presencial", sostuvo desde Diputados el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, anticipando una discusión similar en la Cámara Baja.
Allí se firmó un acuerdo por 30 días que ya venció hace días, aunque no se había consensuado de manera explícita que solo se tratarían temas ligados al Covid. Negri además marcó la cancha y resaltó que "nosotros somos 116 diputados y esperamos que un grupo de otros legisladores de la oposición nos acompañen, que tomen conciencia de que se está queriendo volver atrás". La atención está puesta sobre Consenso Federal, el bloque de tres diputados que tiene como referente a Roberto Lavagna.
"No me quiero comer ningún amague como el del impuesto a la riqueza. Estamos trabajando en propuestas, no vamos a caer en falsas dicotomías sobre Vicentín. Nada nos impulsa a acelerar los tiempos", señaló el jefe del bloque Alejandro "Topo" Rodríguez, que también buscó calmar la ansiedad del oficialismo por alcanzar el número en Diputados, con Consenso Federal incluido dentro de la cuenta.
En paralelo se lleva a cabo la intervención por 60 días de Vicentín y el oficialismo intenta avanzar con la investigación de la deuda, para sumar argumentos en favor de la estrategia que el propio Alberto Fernández anunció y que, según ratificó, no tiene en mente dar marcha atrás.
DM/MC
