El 29 de abril de 2016 hacía pocos meses que el gobierno de Mauricio Macri había llegado al poder y Javier Iguacel, quien había sido designado al frente de Vialidad Nacional, se preparaba para denunciar a la presidenta saliente, Cristina Kirchner, por la existencia de presuntas irregularidades en el marco de obras públicas en Santa Cruz: desde el supuesto direccionamiento de las adjudicaciones en favor de las empresas de Lázaro Báez por sobre otras firmas, hasta obras con sobreprecios y redeterminaciones millonarias, atrasos en los trabajos y pagos por adelantado.
La denuncia quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, quien el 12 de septiembre de 2016 llamó a indagatoria a los imputados.
Una máxima con la que se suele especular en el Poder Judicial es que después de los llamados a indagatoria casi seguro se viene un procesamiento. En el caso de la causa Vialidad, el juez los dictó el 27 de diciembre de 2016 y alcanzó a la propia Cristina, a De Vido, López, Báez y a imputados que llegaron a juicio como Raúl Daruich y Mauricio Collareda, exjefes del Distrito 23 de Vialidad Nacional; y Héctor Garro, Raúl Pavesi y Carlos Villafañe, ex titulares de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP).
2017: Procesamientos firmes
La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada entonces por los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia confirmaron el fallo en septiembre y fue ratificado en noviembre por Casación con las firmas de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
2018: la elevación a juicio
Ercolini definió en marzo de 2018 que la instrucción había terminado y que el caso se debía enviar a juicio. Al referirse a los imputados, consideró, por ejemplo, que Cristina “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional, que estaban bajo la órbita de su responsabilidad”.
2019: inicio del proceso oral
El 21 de mayo de 2019, la entonces senadora de Unidad Ciudadana llegó junto a sus abogados Carlos Beraldi a la Sala Amia de Comodoro Py para presenciar el inicio del juicio. A lo largo del proceso, Cristina declaró tres veces: el 2/12/19 fue indagada, el 23/09/2022 expuso en defensa propia en el cierre del período de alegatos y el 29/11/2022 dio sus “últimas palabras” antes del veredicto.
Cristina Kirchner había presentado un recurso ante la Corte Suprema para que se declare al juicio como cosa juzgada, ya que en Santa Cruz la Justicia había investigado las obras adjudicadas a Báez. También había pedido que se haga un peritaje integral que permita ver cómo estaban las obras ya que el juicio se montó con estudios, cuestionados por la defensa, sobre solo 5 de las 51 obras que le adjudicaron al empresario. Todo fue rechazado el 21 de junio pasado con votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
2022: el inicio de los alegatos y la acusación
El 11 de julio dio inicio el último periodo del juicio con un pedido de absolución a Cristina Kirchner por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF).
A mediados de 2022 llegó el turno de la Fiscalía y sus maratónicas audiencias: fueron nueve jornadas en las que los fiscales Mola y Luciani denunciaron la “ficción de la competencia entre empresas para que Báez se quede con las obras”, la supuesta falta de controles y que había habido una organización para cometer delitos.
El 22 de agosto pidieron las condenas: 12 años para Cristina Kirchner y 12 para Báez; 10 para De Vido y 10 para Lópéz. Las más bajas fueron para Garro (ex presidente de AGVP) y para Carlos Kirchner (ex funcionario de Planificación) con tres años en suspenso el primero y dos por administración fraudulenta el segundo.
Por medio de su abogado, el 8 de agosto de 2022 la vice presentó un planteo de recusación contra el juez Giménez Uriburu y el fiscal Luciani por ser parte de un club de fútbol llamado Liverpool y que habían jugado en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri. A los pocos días recusó al juez Gorini tras conocerse que había mantenido dos reuniones con Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad. Todo fue rechazado.
El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Federal Oral 2 condenó a CFK a seis años de prisión y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. La encontró culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, aunque la absolvió por el cargo de “asociación ilícita”. Es la primera vez que se condena a un vicepresidente de la Nación en ejercicio.
