En medio de uno de los momentos de mayor tensión de la relación entre el presidente y la vicepresidenta, Alberto Fernández se presentó en persona en los tribunales de Comodoro Py y defendió fuertemente a Cristina Kirchner, principal acusada en el juicio por la Obra Pública en Santa Cruz. Con esa misma vehemencia, el mandatario se cruzó en reiteradas ocasiones con el fiscal Diego Luciani, fuerte promotor del proceso por supuesto direccionamiento de contratos viales en favor del empresario Lázaro Báez.
El comienzo de la declaración estaba previsto para las 9.30 de la mañana, por lo que los tribunales de Retiro amanecieron rodeados por un fuerte operativo de seguridad que pocas veces se ve en el lugar. Había viajado en helicóptero desde la Quinta de Olivos hasta la Casa Rosada y para las 9.37 ya estaba sentado en el banquillo de testigos de la Sala de Audiencias junto a los jueces Jorge Gorini, Andrés Baso y Rodrigo Giménez Uriburu, además del secretario y algunos otros funcionarios del Tribunal Oral Federal N°2. El resto de las partes, por Zoom.
Alberto Fernández en el juicio a CFK: "Se están juzgando decisiones políticas no judiciables"
No habían pasado diez minutos del arranque de la audiencia -en la que declaraba como testigo en calidad de ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner- cuando contó las circunstancias en las que comenzó su relación con la ex familia presidencial y derribó la principal acusación por la que se persigue judicialmente a su compañera de fórmula presidencial.
"La aprobación de un Presupuesto no es decisión de un presidente que decide cómo se gasta la plata, intervienen muchísimas jurisdicciones. No hay espacio para que alguien cometa una arbitrariedad y el conjunto de diputados y senadores la tolere porque después tienen que rendir cuentas en sus provincias", dijo.
Más adelante, insistió: "Hay como una suerte de fantasía de que acá se juntaban dos o tres personas y decían 'mandémosle plata'", en relación al supuesto privilegio de las gestiones Kirchner hacia Báez y su empresa Austral Construcciones. En esa línea, desligó a Néstor y a Cristina Kirchner del control de las partidas presupuestarias en ambas gestiones, al tiempo que lo mismo hizo respecto de su función como jefe de Gabinete entre 20003 y 2008.
Los fuertes cruces con el fiscal
La declaración, que desde la Casa Rosada buscaron darle la impronta de histórica debido a que por su función el presidente podía haber contestado por escrito en vez de ir en persona a Comodoro Py, se extendió por casi tres horas, casi el doble de la duración de, por ejemplo, la testimonial que dio la semana pasada el ministro de Seguridad Aníbal Fernández.
Y si algo marcó la extensión de la audiencia fueron los reiterados cruces entre los defensores de Cristina Kirchner, de Báez y del ex ministro de Planificación Julio De Vido con el fiscal de juicio, Diego Luciani.
El primero en cruzarse fue Carlos Beraldi, el defensor de la vicepresidenta, quien recibió algunos reproches por algunas de las preguntas que el fiscal entendía que "condicionaban" a Fernández. Pero Luciani fue, a su vez, uno de los que más objeciones recibió a sus preguntas, que en algunos casos presentaban un alto nivel de precisión, como por ejemplo cuando le pidió al mandatario detalles sobre un acta presupuestaria de hace más de 17 años.
Alberto Fernández, en tanto, alegaba no acordarse de muchos de los detalles que le exigía el titular del MPF y en todo momento volvía a insistir con que "era imposible una arbitrariedad en la confección del Presupuesto". En un momento pareció perder la paciencia y le espetó a Luciani "me parece que no me está escuchando", a lo que este respondió que si, que podía hacerlo. Sin más, el presidente en su calidad de testigo le dijo "entonces tiene un problema de comprensión", a lo que Luciani le pidió: "No me falte el respeto, doctor". Rápidamente intervino el juez Gorini y tuvo que pedir disculpas, pero con una justificación: "traté de ser descriptivo".
Eso no fue todo: hubo otros dos momentos álgidos entre el presidente y el fiscal. El primero fue cuando el representante del Ministerio Público intentó preguntarle por unas declaraciones periodísticas en la que el actual presidente había esgrimido sospechas sobre las obras en Santa Cruz mientras estaba enfrentado con la familia Kirchner. Los rechazos de las defensas fueron en masa, Luciani insistió y Fernández se tuvo que retirar para que este pueda dar sus argumentos respecto del por qué de la pregunta.
Hubo un intervalo en el que el mandatario estuvo afuera y los abogados defensores discutieron. Se reanudó la audiencia y llegó otro momento de tensión, cuando el fiscal comenzó a insistir con preguntas sobre su vínculo con Lázaro Báez y si estaba al tanto de negocios entre el empresario y los Kirchner. Se limitó a contar que lo vio una sola vez en Calafate y nunca más. Luciani reiteró una pregunta en sentido similar, y Fernández otra vez se despachó: "No se como decirlo. Por enésima vez: no lo conozco, no se qué hace de su vida, no se cuál es su vínculo con gente".
Vale mencionar que el fiscal no es visto por buenos ojos por las defensas y principalmente por Cristina Kirchner, por su claro interés para que se juzguen los supuestos delitos partiendo, por ejemplo, de cuando en 2019 le pidió a la Corte Suprema que devuelva de manera urgente el expediente para que no se retrase el inicio del juicio ya que estaban en la puerta del juzgamiento de "graves hechos de corrupción".
Las críticas de Alberto Fernández al proceso
Cuando el presidente quiso criticar el objeto del juicio, el juez Gorini lo frenó en al menos tres ocasiones. Sin embargo tuvo tiempo para dejar definiciones clave y de utilidad para la defensa de la mandataria y del resto de los acusados.
En la audiencia, Fernández recordó que durante el primer gobierno de los Kirchner hubo una denuncia en términos similares que investigó el ex juez federal Guillermo Montenegro, "que se declaró incompetente y la envió al sur. Esa causa tardó dos o tres años en resolverse y ahí es donde escuché por primera vez que se vinculaba a Lázaro Báez con Kirchner".
Según el mandatario, eso le llamó la atención "porque después se volvió a repetir la denuncia acá, y la investigación prosperó". Antes había insistido: "Contestando en mi condición de profesor de Derecho Penal, la verdad me llama mucho la atención el sentido de esta causa porque se discuten decisiones políticas no judiciables. Esas decisiones de ningún modo pudieron ser arbitrarias". Así, el mandatario buscó desligar a la entonces presidenta Cristina Kirchner.
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Las críticas fueron en sintonía con las que emitió la propia titular del Senado cuando dio su testimonio, aunque ella se había focalizado en hablar del lawfare y del supuesto proceso de armado del juicio en su contra por parte de la mesa judicial del macrismo, en un relato en el que se sitúa como una perseguida política. Mientras tanto, en tres horas de declaración, Fernández no mencionó el término "lawfare" ni una sola vez.
De todos modos, su testimonio no deja de ser importante desde el punto de vista político y desde el judicial. En primer lugar por lo que algunos tratan de leer como un gesto del presidente hacia su vice en medio de la guerra fría y los tironeos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que semanas atrás el mandatario buscó relativizar cuando dijo que Cristina estaba en desacuerdo con la postura de Máximo Kirchner de dejar la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos.
El futuro del juicio por la Obra Pública K
Desde lo judicial, es otra testimonial de la que pretenden sacar provecho los defensores de Cristina, lo mismo que como ocurrió con algunos empresarios que a fines del año pasado fueron a declarar e indicaron no estar al tanto del supuesto "favoritismo" con Lázaro Báez, aunque le habían señalado que el empresario estaba en mejores condiciones de competir por obras viales ya que su empresa era del lugar.
Mientras tanto, la semana que viene declara el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, también en calidad de ex jefe de Gabinete. El fiscal y los jueces del TOF N°2 siguen en la búsqueda de determinar durante los tres periodos de gobierno kirchnerista se adjudicaron más obras de las debidas a Santa Cruz en general y a Austral Construcciones en particular.
Quienes tienen acceso al expediente y siguen de cerca el proceso sostienen que aún resta mucho camino para conocer el resultado del juicio. Señalan también que hay varias cartas por jugar, entre ellas una en manos de la Corte Suprema, donde la principal acusada presentó una serie de planteos para ampliar peritajes sobre las obras en cuestión. Una eventual respuesta del Máximo Tribunal en cualquier momento puede ser determinante respecto del futuro de la causa.
En 2023 hay elecciones presidenciales y aunque parezca que falta mucho tiempo, quedan varios pasos procesales pendientes y la probabilidad de que la sentencia salga justo ese año, lo que le sumaría mayor voltaje a la decisión que finalmente tome el TOF. Tras la ronda de testimoniales, el próximo paso será la ampliación de indagatorias, los alegatos y la postura final de la Fiscalía. Cuando eso suceda, los jueces tendrán la última palabra sobre la situación de la vicepresidenta, que viene de un año con algunas mejoras en su escenario judicial.
