El fallecido juez Claudio Bonadio dejó pendiente un tramo de la causa de los cuadernos de la corrupción que implicaba avanzar sobre el financiamiento de la obra pública por parte del sector privado, según fuentes del caso.
En 2019, Bonadio obtuvo parte de la información oficial que reflejaba el rol central del Banco Macro en el circuito de pagos millonarios del Estado a algunas de las empresas de obra pública investigadas por el supuesto pago de sobornos a los Kirchner. Así consta en el expediente al que accedió PERFIL.
Luego de ver la información preliminar sobre cómo se realizaban los pagos a las constructoras, Bonadio ordenó a la AFIP que sistematizara todos los pagos realizados por Vialidad entre 2003 y 2015, confirmaron a este diario fuentes judiciales.
La tarea nunca pudo concretarse hasta el momento, informaron las fuentes. Los funcionarios que se dedicaban a ese análisis en la Dirección General Impositiva (DGI), actualmente a cargo de Virginia García, ex cuñada de Máximo Kirchner, fueron desplazados a otras tareas en distintos tramos, empezando por la gestión de Leandro Cuccioli, durante el macrismo, y siguiendo con la actual.
En la información preliminar que recibió Bonadio, el Macro aparece como un actor central para que se concreten los pagos a las empresas sospechadas de supuestos sobornos.
Compañías como CPC (de Cristóbal López), Iecsa (de Angelo Calcaterra), Helport (de Corporación América), Chediack, Supercemento, Roggio, Rovella Carranza y Cartellone, entre otras, pudieron cobrar sus certificados de obra solo a través del Macro, de acuerdo con la información.
Lo que captó la atención no es la operatorio sino el papel dominante del banco
Solo algunas de las compañías respondieron las consultas de PERFIL, pero las que lo hicieron coincidieron en que se trata de una “operatoria normal” en el mercado. “Toda la industria lo hace, es la esencia de la financiación de nuestro negocio. Si los bancos privados no te adelantan los fondos, no podés operar”, afirmaron.
De acuerdo con fuentes de la investigación, en la que también participaron los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, no era la operatoria en sí lo que había llamado la atención de la Justicia sino el rol preponderante de un solo banco: el Macro, entonces a cargo de Jorge Brito. Bonadio sospechaba de un presunto acuerdo entre el kirchnerismo y la entidad bancaria para garantizarle el negocio al Macro, que se llevó la mayor parte de los pagos de certificación de obra, de acuerdo con el expediente.
Voceros del Macro sostuvieron que la operatoria “es una línea comercial que tienen muchos bancos, entre ellos el Macro, y es normal. El banco paga por adelantado a la empresa constructora el valor del certificado de obra con una tasa de interés. Luego recibe los fondos correspondientes de parte de Vialidad”, agregaron en el Macro.
El negocio del banco está en entregar a las empresas un porcentaje menor del que figura en la factura por las obras al Estado, explicaron fuentes de la defensas de los ex funcionarios de Vialidad. “Se descuenta un porcentaje basado en la tasa de interés del mercado de ese momento. También se hizo durante el macrismo”, agregaron en el Macro. No aportaron datos sobre cuánto representa el negocio para el banco.
