La decisión del Poder Ejecutivo de no convocar a sesiones extraordinarias en febrero motivó que proyectos como los de reforma laboral y de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, pasen a las sesiones ordinarias de marzo. En esa situación también quedarían la nueva normativa política y electoral que propondrá el Gobierno para debatirlas en el Congreso.
“El presidente (Mauricio Macri) ha tomado la decisión de no convocar a sesiones extraordinarias en febrero y trabajar, a partir de su mensaje el 1° de marzo, en un calendario legislativo regular para, de esta forma, poder dar todos los ámbitos de debate y desarrollo normal a la vía parlamentaria”, informó ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
De ese modo, el oficialismo impulsará temas que considera fundamentales para la gestión de gobierno a partir de la inauguración del período ordinario de sesiones del Congreso. Entre esos proyectos, podrá ser abordado recién desde marzo la discusión de la ley de reforma laboral, empantanada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.
Tanto el oficialismo como la oposición reconocen que ese tema que, por ejemplo, impulsa un blanqueo laboral, sólo será discutido si cuenta con la anuencia de las centrales obreras, según consignó la agencia Télam.
Por otro lado, la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que recorta poderes del Procurador y elimina fiscalías especializadas, aún sigue sin obtener dictamen de comisión. La norma fue impulsada por el Poder Ejecutivo, pero redactada por el presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, y por el jefe del bloque Justicialista, Miguel Angel Pichetto, para limitar la discrecionalidad de la ex procuradora y fundadora de la agrupación Justicia Legítima, Alejandra Gils Carbó, quien renunció a su cargo a fines de 2017.
Otra cuestión que quedará para las sesiones ordinarias, que se abren el 1 de marzo y se cierran el 30 de noviembre, será la reforma política. La iniciativa había quedado frenada en el Senado en noviembre de 2016, luego de que los gobernadores peronistas le transmitieran a sus representantes en la Cámara alta que no había unanimidad en el apoyo a la medida del Gobierno.
El proyecto había sido debatido en varios plenarios de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Justicia y Asuntos Penales, y también se la había consensuado entre los representantes de los ejecutivos provinciales y el Poder Ejecutivo Nacional.
Sin embargo, durante una reunión a puertas cerradas en el que fuera el bloque del Frente para la Victoria-PJ, los desacuerdos llevaron a que las iniciativas fueran archivadas.
También se encuentra en la Cámara alta, pero que aún no pasó por ninguna comisión, es el proyecto de ley de reforma del mercado de capitales, conocido como de Financiamiento Productivo, que ya fue aprobada por Diputados.
La ley de extinción de dominio, en cambio, cuenta con dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, pero aún no llegó al recinto. La demora se debe a que tanto el peronismo como Cambiemos pretenden un compromiso de Diputados para que la norma no sea modificada cuando llegue a la Cámara baja.
También permanecen en el Senado, con sanción de Diputados, la nueva ley de Defensa de la Competencia y la ley de Compre Argentino.
