El presidente Alberto Fernández abrió las sesiones del Congreso con un discurso de 79 minutos en el que anunció el envío de varios proyectos de ley para ser tratados a la brevedad en ambas cámaras.
El primer proyecto a destacar fue el de reforma judicial, que apuntará a crear un “nuevo fuero federal penal”, según explicó el presidente, con “medio centenar de magistrados”, y de esta manera evitar la concentración actual en pocos jueces de las causas federales. "Queremos terminar para siempre con la manipulación de los sorteos que un grupo oligopólico de jueces federales ha permitido”, declaró.
Fernández también remarcó la importancia de un proyecto de legalización del aborto que enviará dentro de los próximos diez días. La ley de interrupción voluntaria del embarazo (ILE)“permitirá a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”, remarcó. El mismo será acompañado por una ley de asistencia de “protección de los mil días”, que acompañe a las embarazadas que necesiten apoyo en esta etapa.
El discurso no incluyó mención a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que reemplaza la norma del gobierno anterior ni el Presupuesto 2020.
En este contexto expresó que el flamante ministerio de la Mujer lanzará un “plan nacional contra la violencia de género”, y enviará un paquete de medidas entre las que destaca un proyecto de Ley para “la ratificación del Convenio 190 sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo”. El presidente destacó la necesidad de “una expresión unánime de la comunidad internacional contra la violencia de género y el acoso en el mundo del trabajo”.
En la presentación, Fernández incluyó el tema Malvinas y anunció un proyecto de ley sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina. En el marco de la soberanía económica y según sus propias palabras, se apunta a “consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo”
“La adopción de la ley y la publicación de las coordenadas de la plataforma continental argentina incrementarán la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias”, refirió frente a la Asamblea Legislativa.
Otro destacado fue el proyecto para crear el Consejo Económico y Social, con autoridades propuestas desde el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. “Queremos que sea el motor no sólo de políticas de Estado, sino de políticas de la sociedad. Los sectores del trabajo, de la empresa, de los movimientos sociales y de la comunidad científica y tecnológica también serán convocados”.
El mandatario también informó que enviará un proyecto para impulsar la producción de hidrocarburos, que también abarca al sector minero. El objetivo apunta a promover y estimular ambos sectores y atraer inversores nacionales e internacionales.
En sintonía con el contexto demográfico, anticipó la ley que declarará a 24 distritos como “capitales alternativas”, del país con el objetivo de “descentralizar la Administración Pública Nacional y promover un Plan de Desarrollo con equidad territorial”.
Luego pasó al plano económico al declarar un proyecto que modifique la Ley de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento sancionada en 2019. Con esto se busca ampliar los beneficios a pymes de manera más federal, fomentando el desarrollo productivo.
“Estamos enviando una modificación de la Ley de Economía del Conocimiento. Necesitamos potenciar nuestro sistema de ciencia y tecnología”, apuntó el presidente.
También en los próximos días se conocerán detalles de la nueva ley de Educación Superior. "Vamos a impulsar una nueva Ley de Educación Superior, que permita fortalecer nuestro sistema universitario y el vínculo con la comunidad y el sector productivo", declaró el presidente.