Cuenta regresiva para el escándalo de Miceli

La Justicia reanudará el lunes próximo su actividad habitual, tras el receso de invierno y en un período en el que las decisiones de los tribunales podrían tener impacto en el desarrollo de las estrategias electorales, con miras a los comicios generales de octubre.

Al menos tres funcionarios que se alejaron del gobierno de Néstor Kirchner tras ser imputados por la Justicia podrían ser procesados por posible corrupción administrativa, mientras las disidencias internas del PJ forzarán una vez más la intervención de los tribunales electorales.

La ex ministra de Economía Felisa Miceli deberá presentarse a declarar como acusada el próximo 23 de agosto ante la jueza federal María Servini de Cubría, que investiga la procedencia de los 100 mil pesos y 31.670 dólares hallados el 5 de junio por la policía en el baño del despacho que ocupaba la entonces funcionaria en el Palacio de Hacienda. Miceli renunció el 16 de julio, cuando en el inicio de la feria judicial el fiscal Guillermo Marijuán reclamó su indagatoria mediante un dictamen que, incluso, vincula el hallazgo del dinero con la Caja Cooperativa Cuenca, denunciada por posible lavado de dinero.

Dos meses antes del alejamiento de Miceli, el 16 mayo, el presidente Kirchner desplazó a los entonces titular del ente regulador del gas (Enargas), Fulvio Madaro, y el administrador de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, que están imputados por posible cohecho en la adjudicación de obras públicas a la constructora sueca Skanska. Madaro, en una audiencia judicial, negó haber cometido delito, y Ulloa deberá presentarse el 8 de agosto ante el juez federal Guillermo Montenegro, que luego deberá decidir si procesa a los ex funcionarios.

Durante el receso, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral allanó la sede del INDEC, bajo sospechas de fraude en la elaboración de indicadores económicos que figuran en un sumario en el que fue denunciado el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

La juez Servini, antes de indagar a Miceli, resolvería conservar los 44 cuerpos del expediente que instruye por la pelea interna del PJ, l os cuales han sido requeridos por la Justicia de San Luis, en el marco de un recurso presentado por los disidentes Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, con adhesión del ex presidente Carlos Menem y del misionero Ramón Puerta.

El 9 de agosto, en tanto, sesionará el plenario del Consejo de la Magistratura, que incluyó en su agenda del día el caso del juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia, que investiga a la ministra de Defensa, Nilda Garré, por operaciones de exportación de armas, y podría ser suspendido por mal desempeño del cargo.

Además, el organismo prevé analizar un proyecto de la consejera-diputada kirchnerista Diana Conti, que promueve sanciones y hasta la destitución para jueces que demoren la resolución de causas y acumulen expedientes sin que medien "circunstancias extremadamente excepcionales y debidamente acreditadas". Mientras, la Corte Suprema de Justicia celebraría el martes su primera reunión de acuerdo tras la feria y entre los temas pendientes de definición figura la situación controversial del ex policía Luis Patti, que fue electo diputado pero no logró asumir porque el Congreso se negó a tomarle juramento por las acusaciones que pesan en su contra por violaciones a los derechos humanos.


El máximo tribunal, en realidad, ya ha sostenido que el Congreso carece de facultades para impedir el ingreso de un legislador electo, aunque sí tiene la atribución de expulsarlo por inidoneidad moral, luego de tomarle juramento. Si bien el fallo de la Corte está enmarcado en el caso del ex gobernador tucumano de la dictadura Antonio Bussi, lo cierto es que la jurisprudencia favorece a Patti, que difícilmente pueda ocupar su banca: el Congreso agotará las vías para evitar su incorporación, o bien lo echaría apenas termine de jurar como diputado.

La Justicia Federal también analiza las denuncias radicadas contra la Secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, por posible abuso en el nombramiento de familiares y amigos y presuntos desmanejos presupuestarios. Además, los juicios a integrantes del aparato represivo proseguirán durante el resto del año y la Corte inaugurará una nueva oficina destinada a cooperar con los tribunales que sustancian procesos por crímenes de lesa humanidad. Uno de esos juicios es el sustanciado al ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich, acusado de homicidios y tormentos durante la dictadura.

Fuente: Dyn