20 oct 2020
POLITICA |Exclusivo PERFIL
martes 29 septiembre, 2020

Arroyo no pudo quitarle los planes sociales a las organizaciones y creó otros 200 mil

El ministro de Desarrollo Social amplió el programa para administrar recursos con gobernadores, intendentes y ONG's. Caja multimillonaria en el manejo del "Banco de herramientas".

Daniel Arroyo y Martín Insaurralde, el 10 de junio, juntos. Foto: Twitter

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, no logró quedarse con ninguna porción de los 570 mil planes sociales que administran las organizaciones sociales desde el Estado. ¿Qué hizo entonces? Amplió el programa "Potenciar Trabajo" y sumó 200 mil planes más ante la queja de gobernadores e intendentes que le exigían tener el control de al menos una parte del Presupuesto. Por esa razón se establecieron 100.000 altas nuevas para Organismos gubernamentales y 100.000 para ONGs. Cada plan implica un pago de 8.500 pesos, la mitad de un Salario Mínimo Vital y Móvil. Adminsitra, además, el "Banco de Herramientas", un programa que impulsó ni bien desembarcó en el área.

El programa es la conversión de “Hacemos Futuro” y “Salario Social Complementario”, es decir los planes sociales que se organizaron bajo las presidencias de Cristina Fernández y Mauricio Macri. En la primera etapa se apunta a generar trabajo para 300 mil personas de esa base. ¿Cuál es la diferencia más importante con los anteriores proyectos? El proyecto propone crear unidades de gestión productivas con subsidios y créditos no bancarios a tasas bajas para la compra de máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. Además prevé un ingreso protegido al empleo: los titulares que ingresen en el mercado formal de empleo, y sus ingresos superen el salario mínimo, vital y móvil, permanecerán en el programa durante el primer año de la relación laboral.

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Propia. Otra caja importante que administra de manera directa Arroyo en paralelo a las organizaciones es el "Banco de Herramientas". Hasta el fin del 2020 el presupuesto es de mil millones de pesos. Para el 2021, Estado depositará mucho más en el programa. En total serán otros 255 mil millones de pesos. Es una caja que gira de manera directa el ministerio hacia provincias e intendencias.

Con las nuevas partidas, Arroyo se lanzó a la firma de convenios. El 20 de julio selló el acuerdo con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por más de 285 millones de pesos para implementar el programa. Una semana más tarde, el 27 de julio, se firmó con el gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich. El acuerdo fue por 500 millones de pesos. El 4 de agosto, Arroyo firmó el acuerdo junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. El 27 de agosto el mismo convenio se pactó con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur. El 10 de septiembre se rubricó la firma con el mandatario salteño, Gustavo Sáenz con una inversión de 180 millones de pesos.

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Pero los acuerdos no solo se firmaron con gobernadores. El 1 de mayo fue recibido en La Matanza por el intendente Fernando Espinoza. El 22 de mayo se firmó el acuerdo con el municipio de Escobar, comandado por Ariel Sujarchuk, sin intermediación de las organizaciones. El 13 de agosto hubo un acuerdo entre el ministerio y el municipio de Florencio Varela, bajo la conducción del peronista Andrés Watson. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en San Pedro, al interior de la provincia. El convenio se firmó el 26 de agosto y se giraron 9 millones de pesos. El 1 de septiembre se firmó en Quilmes con la intendenta camporista, Mayra Mendoza, que implicará una inversión de 27 millones. "El Municipio va a orientar al tema textil, gastronómico, a la construcción y a distintos emprendimientos productivos de personas quilmeñas", dijo durante el acto el ministro.

Por último, Arroyo también avanzó en la implementación con otros sectores. En mayo, por ejemplo, se sumaron 3536 personas trans/travestis al programa tras un convenio firmado con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Instituto Nacional en Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El 12 de agosto se hizo lo mismo con la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, para sumar a los programas a víctimas de trata o violencia de género.

RI/MC


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