Un fallo de la Justicia porteña suspendió la vigencia del Sistema de Reconocimiento Facial de la Ciudad de Buenos Aires y dejó al descubierto que el Ministerio de Seguridad porteño le pidió al Renaper casi diez millones de datos biométricos en cerca de tres años.
Entre las solicitudes de información aparecen dirigentes políticos, sociales y sindicales de primera línea, como el presidente Alberto Fernández, la presidenta del PRO Patricia Bullrich y el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
Pero sin dudas que uno de los nombres que más llama la atención es el de la vicepresidenta Cristina Kirchner: no sólo por aparecer entre tantas otras personas, sino porque, según un fallo del juez Roberto Gallardo al que accedió PERFIL, sus datos biométricos aparecen solicitados por el Ministerio de Seguridad al Renaper en 225 oportunidades.
La primera solicitud de datos biométricos de la titular del Senado que aparece en el expediente judicial data del 25 de abril de 2019. Pero la cantidad de solicitudes responde a que hay registro de que cada tres o cuatro días se solicitaban sus datos, al menos hasta el último registro, que data del 9 de marzo pasado.
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En el fallo de la Justicia porteña también aparece detallado que Alberto Fernández también fue motivo de consulta de sus datos biométricos al menos desde el 25 de julio de 2019 hasta el 14 de noviembre del año pasado. En total son 76 consultas.
La información fue obtenida por la Justicia a partir de un pedido de informes que envió al Renaper. En su resolución el magistrado explicó que según el organismo "las solicitudes de datos biométricos efectuadas por el GCBA entre el 25/04/2019 y el 21/12/2021 fueron 9.392.372 y entre el 21/12/2021 y el 9/03/2022 fueron 507.911".
La investigación se centra en si la solicitud masiva de datos es un delito ya que según el magistrado "salvo orden judicial, se encuentra prohibido incorporar imágenes, datos biométricos y/o registros de personas que no se encuentren registradas en la base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc)".
Lo llamativo del caso es que el magistrado sostiene, en base a información del Ministerio de Justicia de Nación, que en abril de 2019, cuando aparecen las primeras solicitudes de CABA al Renaper, había 35 mil registros en la Conarc y 40 mil al momento de la respuesta del oficio judicial.
Quienes aparecen en el listado de pedidos de datos biométricos
Además de los casos mencionados, hay 14 registros de pedidos de datos biométricos del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, tomados entre el 13 de junio de 2019 y el 4 de marzo del 2022.
A su vez, el magistrado porteño detalló 17 solicitudes del Gobierno porteño de los datos del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. El primero fue el 15 de julio del 2019 y el último del 30 de enero pasado. En el caso de Patricia Bullrich, aparece un listado de 18 solicitudes entre el 4 de julio de 2019 y el 22 de febrero pasado.
Pero no solo hay dirigentes políticos, sino también aparecen integrantes del Poder Judicial. Uno de ellos es el juez Roberto Boico, de la Cámara Nacional de Apelaciones de Comodoro Py, con una solicitud de sus datos biométricos del 4 de abril del 2021.
También está mencionada la fiscal Gabriela Boquín, que viene de pedir la quiebra de Correo Argentino S.A. en la causa que involucra a la familia Macri. En su caso son cuatro solicitudes: del 20 de diciembre del 2019, del 15 de marzo del 2020, del 3 de mayo del 2020 y del 9 de noviembre de ese mismo año.
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De acuerdo al fallo, la Ciudad también pidió acceder a los datos del CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, en seis oportunidades entre 2020 y 2021; en 22 oportunidades a la información de Juan Grabois y en 24 a los del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La lista se completa con periodistas como Viviana Canosa y Eduardo Feinmann; Máximo y Florencia Kirchner; y el diputado Javier Milei, cuyos datos fueron solicitados en 33 oportunidades. A su vez, aparecen Esmeralda Mitre y los empresarios Paolo Rocca (Techint), Alejandro y Alberto Roemmers (Laboratorios Roemmers) y el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.
Las dudas que deja el fallo
Uno de los principales interrogantes que surge en torno al fallo judicial es cómo el Ministerio de Seguridad porteño labró casi diez millones de solicitudes de datos biométricos cuando solo lo puede hacer bajo orden judicial y en torno a personas que integren el listado de la Conarc (de cerca de 40 mil personas).
"¿Qué hace Gallardo? Dice 'vos estás buscando a 40 mil prófugos, pero hiciste diez millones de consultas al RENAPER'. Yo digo: ¿Qué tiene que ver? En un control de tránsito, cuando hacés una denuncia, si pedís certificado de domicilio o con el certificado de circulación del Covid... En todos esos casos se hace una consulta al RENAPER", fue la explicación que dio el ministro porteño Marcelo D'Alessandro a Clarín. Este medio lo contactó para evacuar más consultas sobre el tema pero no hubo respuesta.
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Además, todavía no se dilucidó quiénes accedieron a semejante cantidad de datos biométricos de, por ejemplo, Cristina Kirchner, Alberto Fernández o Patricia Bullrich, y para qué. Si esa información fue tratada correctamente es otro de los interrogantes que deberá dilucidar el juez Gallardo, cuestionado por la Ciudad.
El 12 de abril se hicieron una serie de allanamientos en el Ministerio de Seguridad porteño y otras dependencias gubernamentales y se secuestró material que podría arrojar respuestas. El magistrado también ordenó una pericia y pidió celeridad y estricta reserva de la información que se obtenga por medio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
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