Los abogados del ministro de Planificación, Julio De Vido, y de su esposa, Alejandra Minnicelli, pidieron a la Cámara Federal porteña el sobreseimientos de ambos en la causa en la que están investigados por presunto “enriquecimiento ilícito”. Entre los argumentos, afirmaron que "no existen pruebas" para considerar que el crecimiento patrimonial del ministro y la extitular de la Sindicatura sea ilegal.
Días extraños para Julio De Vido. Quien fuera uno de los ministros más poderosos del kirchnerismo, hace tiempo que quedó relegado al ostracismo y pérdida de poder. De a poco fueron quitándole las áreas más potentes del ministerio: obras públicas, administración de bienes del Estado, Fabricaciones Militares, secretaría de Transporte. Ahora ve como también echan a Daniel Cameron y ponen en su lugar a Mariana Matranga, camporista y del riñón del ministro de Economía, Axel Kicillof.
Por si esto no bastara, De Vido volvió a estar en la mira de la Justicia federal cuando, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal de Casación revocó el sobreseimiento del ministro y su esposa Alessandra Minnicelli, en una causa por enriquecimiento ilícito de 2009.
Hoy los abogados del matrimonio De Vido-Minnicelli hicieron el pedido de sobreseimiento en una audiencia ante la Sala I de la Cámara Federal, que ahora deberá resolver el pedido.
Once años de disputa. En base a un artículo del diario Crítica, la denuncia fue presentada por el abogado Ricardo Monner Sans contra De Vido y su esposa por el presunto enriquecimiento ilícito que habrían experimentado entre 2003, cuando llegaron a la función pública nacional, y 2007. Entre otros hechos, se los acusó por la compra de una chacra de cuatro hectáreas en la localidad bonaerense de Zárate.
Alessandra Minicelli, esposa de De Vido, fue titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), cargo que asumió en 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner y que dejó con la llegaba de Cristina Kirchner en 2007.
En 2009, el entonces juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid sobreseyó a De Vido y a su esposa, luego de analizar informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El juez concluyó que no había pruebas contra los funcionarios. Sin embargo, la investigación no aclaró cómo hacía el ministro para sostener un nivel de vida que no se condecía con su sueldo. La decisión fue apelada y llegó a la Cámara Federal de Apelaciones, donde confirmaron el sobreseimiento.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) volvió a recurrir a la Justicia para que revea la decisión. Casación la volvió a confirmar. Todas las decisiones, en las tres instancias, se basaron en un criterio que impedía a la FIA apelar en las causas en las que no era la denunciante.
Sin embargo, por intervención de la Corte Suprema, el organismo pudo revertir las resoluciones anteriores y volver a pedir que se investigue al matrimonio a través de un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal firmado por los jueces Gustavo M. Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky.
Hoy los abogados del matrimonio, Julio Virgolini y Mariano Silvestroni, se mantuvieron en los argumentos originales al plantear que no hay pruebas contra ellos y pidieron que se confirme el sobreseimiento que había dictado originariamente el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid.
Un detalle no menor: Aráoz de Lamadrid era juez subrogante y hoy se encuentra procesado en una causa por tráfico de influencias en relación con el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.
