"Tengo un móvil en mi casa y no pedí custodia" había dicho la jueza María José Sarmiento el sábado por la mañana. Ahora el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y autoridades de la Policía Federal fueron denunciados penalmente por presunta "intimidación" o "extorsión" en perjuicio de la jueza Sarmiento, quien frenó el uso de reservas del Banco Central (BCRA) y repuso al frente de la entidad a Martín Redrado.
La denuncia fue presentada por el abogado Jorge Luis Vitale y quedó radicada en el juzgado federal número 10, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. En los papeles se acusa la presencia de un patrullero en la puerta del domicilio particular de la magistrada el fin de semana pasado. Esto configura "la tipificación del delito de atentado y resistencia a la autoridad, ya que las acciones ejercidas sobre la jueza son intimidatorias y carentes de todo sustento legal".
El abogado también responsabilizó por el hecho al ministro del Interior, Florencio Randazzo, "y otros funcionarios que no sólo ejercen presión e intimidación sobre la jueza, sino que también la descalifican intelectualmente".
Ataque. Dos diputados kirchneristas, uno apoderado del PJ, Jorge Landau, y otro asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, salieron a criticar a la jueza. Landau sostuvo que "no es imparcial" y consideró que habría que analizar si cometió "prevaricato". "Todo esto lo pone al Estado en una suerte de indefensión y lo coloca en una maraña", afirmó Landau.
Recalde, por su parte, sostuvo que "está bicicleteando" la causa en torno a la crisis del Banco Central. "Esto es la judicialización de la política y la politización de la Justicia", aseveró y subrayó que "la decisión de la política económica es de la presidente (Cristina Fernández), no de un juez".