La causa fue impulsada por el abogado Ricardo Monner Sans quien patrocina a Marcos Alfredo García, concejal por el partido "A toda costa" quien denuncia además, al Ministro de Planificación Julio De Vido como “partícipe” en estas “supuestas maniobras defraudatorias”.
Se investigarán los delitos de “violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y exacciones ilegales”, explicó Monner Sans a Perfil.com.
El juez que intervendrá en esta nueva causa será Ariel Lijo, el mismo que ya lo procesó por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho en el marco de la “adquisición de la eximprenta Ciccone Calcográfica para sí, a través de su amigo y socio José María Nuñez Carmona y el abogado Alejandro Vanderbroele, titular de The Old Found, la empresa que adquiere la firma en estado de quiebra”, según relató el magistrado en el procesamiento.
En tanto, Gerardo Pollicita, será el fiscal que representará los intereses públicos y requerirá o no el impulso de la investigación, una vez que analice las pruebas presentadas, explican fuentes judiciales.
En el escrito se detalla que la empresa “Cantera”, una de las que habría intervenido en la construcción de 120.000 unidades habitacionales en el marco del Plan Federal de Viviendas lanzado en el 2004 con sustento en el “déficit habitacional” sería del actual vicepresidente.
“Se anunció que la inversión provendría de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 700 millones de dólares estadounidenses. El plan preveía, según se anunció, la construcción de 48.000 viviendas en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires y en otras regiones del país. Se anunciaba el 21 de julio de 2004 que se iba a batir todos los records históricos de obra pública. Se puso énfasis en lo que ello implicaba como creación de nuevos puestos de trabajo.”, detalla la denuncia.
“Ninguna casa fue íntegramente concluida. Algunas sin paredes; sin gas; sin electricidad; sin agua. La empresa Cantera debía terminar las obras en el año 2006. En agosto de 2007 se había abonado a Cantera más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaban sin terminar”, explica la presentación judicial.
“Y así quedaron, porque Cantera, ante la denuncia de proveedores que habían recibido cheques sin fondos, entró en convocatoria de acreedores. Previo haber cobrado alrededor de unos 24 millones de los pesos de aquel entonces”, añade la documentación. Lo propio ocurrió –según la denuncia- con la Escuela Nº 1 ubicada en San Clemente del Tuyú , y con la Escuela Secundaria Básica Nº 2, en Mar de Ajó.
Además del ministro de Planificación y el actual vicepresidente, el concejal García imputó al ex intendente del municipio, Juan de Jesús, y al actual, su hijo Juan Pablo de Jesús, porque “De Vido y Boudou no hubieran podido cometer los delitos” sin la acción de los jefes comunales.
La presentación salpica también al exsecretario privado de Boudou del municipio, Roberto Aybar Domínguez, quien por otra parte, “fue hasta hace poco tiempo administrador de los planes de vivienda de Madres de Plaza de Mayo”, señala el escrito.
