Margarita Stolbizer presentó este marte una denuncia en la justicia federal para que se investigue a una empresa contratada por el Ministerio de Modernización, cuyos titulares serían funcionarios del gobierno de Cambiemos. Según la presentación, la empresa, identificada como Labcom SA, no registra empleados, entre otros puntos. En el escrito, presentado por la abogada Silvina Martínez, se menciona que la denuncia podría encuadrarse en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El escrito, al que tuvo acceso PERFIL, menciona que tomaron “conocimiento de diferentes beneficios que se le han otorgado desde el Ministerio de Modernización de la Nación a la Empresa Labcom SA; empresa constituida por funcionarios públicos, quienes coexistían en el momento de los beneficios tanto en su cargo en la Administración Pública Nacional como también el frente de la empresa privada beneficiada”.
En febrero pasado, un relevamiento preliminar de la Asociación Civil Bajo La Lupa, que lidera Stolbizer, y al que accedió PERFIL, evidenciaba que en los últimos dos años, el Gobierno destinó al menos $ 174 millones en pagos a consultoras privadas. Entre los 24 casos mencionados entonces, 13 son de la cartera que dirige Andrés Ibarra.
Stolbizer y Martínez sostuvieron en su presentación de hoy que los socios de la empresa serían Juan Pablo Peredo, Luciano Hernán Elizalde Acevedo y Alejandro Alonso. Explican que Peredo se desempeñó como director titular de Nación Fideicomisos al momento de la contratación, Alonso en el Ministerio de Justicia, y Elizalde Acevedo, en el Conicet. Sobre este último agregaron que, según consignan diferentes medios periodísticos, comparte un condominio de hectáreas en la provincia de Salta con el Presidente de la Nación Mauricio Macri, a través de la empresa Los Tykey SRL, en la que figuran varios miembros de su familia.
Tras comenzar los primeros trascendidos sobre la presentación, Labcom sacó un descargo sobre el tema. Allí se explica, lo que pudo ser constatado por PERFIL, que Alonso se desvinculó de la sociedad en enero de 2016, al asumir la función pública.
En tanto que Elizalde Acevedo y Peredo al detallar sus situaciones, explicaron sus antecedentes profesionales y detallaron por qué consideraban que no habría conflicto de intereses. El primero también se desligó de posibles vínculos con Macri.
Contactados por PERFIL, desde Modernización explicaron los pasos seguidos para la contratación y detallaron que todo se hizo a través de las instancias legales correspondientes.
Agregaron que al momento de la contratación de Labcom solo estaban Peredo y Elizalde Acevedo como socios. Y explicaron que la Oficina Anticorrupción ya fue notificada de la situación para que señale o informe sobre el tema.
En la denuncia, Stolbizer y Martínez sostuvieron que a pesar de ganar licitaciones impulsadas tanto desde el Gobierno Nacional como del de la Ciudad de Buenos Aires, los únicos ingresos de Labcom “en el período 2016/2017 se originarían en los contratos que recibe de la Administración Pública Nacional y de la Ciudad”. Sobre este punto, la firma aseguró hoy que Telecom, Cablevisión y Minera Argentina son algunas de las empresas para las que prestaron servicios.
De acuerdo a la denuncia, Labcom se constituyó en febrero de 2012 y su actividad ante la AFIP es en el rubro servicios empresariales, con un capital social de 50.000 pesos “y así se mantiene hasta el día de hoy”, pero que a pesar de eso, “obtuvo contratos millonarios” con ambos gobiernos, remarcan. El vínculo con Modernización, de septiembre de 2016, sería por un monto de 1.260.000 pesos, “por servicio de consultoría para ordenar, analizar y realizar un seguimiento general de los proyectos fundamentales del Ministerio”, detallaron.
Y agregan que, de seis proveedores que participaron, solo se confirmó la presentación de la oferta de la firma y a comienzos de enero se aconsejó la adjudicación, y agregan que se había inscripto como proveedora, poco antes de presentarse a licitación.
En tanto que señalaron que Labcom ya había sido adjudicataria de licitaciones en el gobierno porteño, que en 2017 contrató un servicio de consultoría en comunicaciones por un total de 2.604.000 pesos.
