Nueve ambientalistas detenidos el viernes en Santa María, Catamarca, fueron imputados bajo la Ley Antiterrorista, sancionada en los últimos días de diciembre. De acuerdo con su abogada, Selene Herrera, "están imputados por el artículo 213 bis del Código Penal, que es uno de los que se incluye dentro de la Ley Antiterrorista como de competencia federal", precisó la letrada, quien refirió que en la causa interviene por el momento la Justicia provincial.
Ante esta situación, y en declaraciones al portal de noticias sobre ecología Comambiental, opinó que se trata de "una causa armada" por el fiscal provincial Julio Landívar.
Herrera dijo que con la modificación al Código Penal "cualquier protesta social o actitud en contra de la decisión gubernamental puede ser tomada como acto de terrorismo".
Este mismo planteo formularon sectores de la oposición respecto del proyecto de modificación del Código Penal que impulsó el gobierno nacional y aprobó a fines de 2011 el kirchnerismo en ambas Cámaras.
Los manifestantes fueron detenidos mientras realizaban un corte selectivo en la ruta nacional 40, impidiendo el paso de vehículos con elementos destinados a la minera Alumbrera, cuyo cierre exigen desde hace tiempo.
Herrera, que ya planteó la nulidad de las imputaciones, adelantó que pedirá que se declare "la inconstitucionalidad de la Ley Antiterrorista", y advirtió que "el fiscal Landívar y el comisario Pastrana", que actuó durante las detenciones, "están denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso en el ejercicio de sus funciones".
Al mismo tiempo, otros manifestantes interrumpen desde el 20 de enero el paso de vehículos, también en forma selectiva, sobre la misma ruta pero en la localidad de Belén, a unos 100 kilómetros al sur de Santa María.
El portal dio cuenta del inicio en las últimas horas de un corte similar en la ruta 40 en proximidades de Amaicha del Valle, en Tucumán, también en rechazo de la minera que funciona en Catamarca.
