POLITICA

Denuncian penalmente a Boudou por "falsear" su declaración jurada

La demanda judicial fue presentada por la diputada nacional Margarita Stolbizer por "irregularidades" patrimoniales.

Nuevas sospechas recaen sobre el patrimonio de Boudou
| Cedoc

La jefa del GEN y diputada nacional Margarita Stolbizer presentó este lunes una denuncia penal contra el vicepresidente Amado Boudou por presuntas "irregularidades y falseamiento de datos en la declaración jurada patrimonial", y solicitó al juez federal Ariel Lijo que se investigue.

La demanda fue sustentada en diferencias que surgieron al comparar la declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2012 presentada ante la Oficina Anticorrupción con la información que surge del auto de procesamiento dictado el 27 de junio por el juez federal Ariel Lijo en la causa Ciccone.

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De acuerdo a la documentación presentada por la diputada, según la declaración jurada radicada ante la Oficina Anticorrupción, Boudou tenía al finalizar el período 2012 cuatro cajas de ahorro en pesos, dos cuentas corrientes en pesos, dos cajas de ahorro en dólares y una caja de ahorro en euros.

En cambio, del procesamiento de Lijo -dice Stolbizer- surgió que el vicepresidente tenía en ese mismo año siete cajas de ahorro en pesos, dos cajas de ahorro en euros, cuatro caja de ahorro en dólares, tres cuentas a la vista, una cuenta única, quince cuentas corrientes en pesos y cuatro cuentas corrientes en dólares.

Frente a estas diferencias, Stolbizer solicitó que "se investigue la presunta comisión de los delitos previstos en el artículo 268 del Código Penal de la Nación, sin perjuicio de otros delitos de mayor gravedad, al evidenciar irregularidades y falseamiento de datos en la declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2012".

En su presentación, la diputada señaló que "si el Vicepresidente de la Nación o cualquier otro funcionario público que deba presentar sus declaraciones juradas, maliciosamente presenta información que no coincide con la realidad" puede ser "reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo".