Denuncian penalmente a Macri por "dejar sin trabajo" al juez Gallardo, autor de varios fallos anti PRO
Abogados aseguran que el gobierno porteño
vació de causas ese juzgado. Las
razones de los letrados y la
réplica el magistrado.
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Cedoc
Un grupo de abogados denunció hoy penal e institucionalmente al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y al procurador general, Pablo Tonelli, por presunta " injerencia en la administración de justicia" al recusar en todos los expedientes al juez Roberto Gallardo.
El abogado Eduardo Barcesat denunció ante el juzgado en lo correccional número cinco, a cargo del juez Walter Candela, a Macri, Tonelli "y los funcionarios que hubieren tomado intervención en la recusación masiva de causas que tramitan" en el juzgado de Gallardo. "La recusación masiva, que implica dejar sin causas al Juzgado... constituye un obrar antijurídico que violenta la división de poderes, piedra basal del Estado de Derecho, a la vez que configura la injerencia del Poder Ejecutivo en las causas en trámite", sostiene la presentación.
Barcesat advirtió que "se pone en situación de desposesión del acceso a la Justicia a todos aquellos que han promovido reclamos por la efectividad de los derechos humanos", al tiempo que alertó que la actitud del gobierno porteño "habrá de comportar una inadmisible dilación en la resolución" de las causas en trámite.
Simultáneamente, otro abogado promovió una " acción declarativa de inconstitucionalidad" ante el Superior Tribunal de Justicia, la máxima instancia judicial porteña, también contra "las masivas recusaciones que la Procuración del Gobierno está realizando" contra el juez Gallardo. "Queda afectada la independencia e imparcialidad del Poder Judicial local, al prever un mecanismo de aparta miento ilegal de un tribunal no proclive a las políticas administrativas del gobierno", sostiene el escrito.
Para el juez Gallardo lo que hizo Macri "es el comienzo de una política de disciplinamiento". El magistrado expresó: "Están vaciando literalmente mi juzgado, que tendrá juez pero no expedientes. Esta situación es un claro exponente de violación de la división de poderes, un atentado a la Independencia del Poder Judicial y repugna a las bases del orden constitucional".
