Las causas abiertas contra los militares de la última dictadura que son juzgados por crímenes de lesa humanidad siguen arrojando sombras. Después de las dudosas muertes de Héctor Febres y Paul Alberto Navone, esta vez las denuncias apuntan al Ejército argentino, que habría instalado oficinas para darles asesoramiento legal, material y apoyo moral a los represores que están en la mira de la Justicia.
La profesora Elsa Bruzzone, secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida) denunció que la Dirección de Bienestar del Ejército argentino instaló oficinas en los cuarteles del ex Comando del I Cuerpo del Ejército en Palermo, donde recibe a los militares procesados.
“Les están brindando asesoramiento, ayuda y hasta financiamiento a los represores de la dictadura. Es algo muy grave porque está financiado por el propio Ejército argentino. Me gustaría saber si la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner está enterada”, afirmó Bruzzone en declaraciones a Perfil.com.
Desde la Dirección de Bienestar del Ejército negaron que estas oficinas existan y desmintieron que esa dependencia financie a militares con causas en la Justicia.
En un comunicado, Bruzzone afirma: “Me quedaría más tranquila, y creo que la sociedad también, si esa Dirección de Bienestar estuviera asesorando y apoyando a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de los detenidos desaparecidos y asesinados para ayudar a colocar en manos de la Justicia a todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad y del Terrorismo de Estado”.
La esposa del militar José Luis García pidió que se investiguen estas oficinas y sospecha que no serían las únicas. “ Hay una mafia que sigue operando en las fuerzas armadas y su accionar es impune”, denuncia Bruzzone.
Desde que los represores comenzaron a ser juzgados, varios son los hechos sin resolver que se suceden y ya fueron denunciados por los organismos de Derechos Humanos. Primero fue la desaparición de Julio López, el 18 de septiembre de 2006. El ex albañil fue visto por última vez cuando debía ir a presenciar la sentencia del represor Miguel Etchecolatz, contra quien declaró en el juicio.
En diciembre del mismo año, secuestraron a Luis Geréz, pero poco tiempo después fue liberado. Por el rapto fue acusado el ex sub comisario Luis Patti, pero nunca se halló a los responsables. El ex intendente de Escobar imputó al Gobierno de haber armado el secuestro para perjudicarlo.
El 10 de diciembre del año pasado, fue hallado muerto en su celda el ex prefecto Héctor Febres. El militar estaba acusado por crímenes de lesa humanidad y murió cuatro días antes de escuchar su sentencia. Se halló cianuro en su cuerpo, y aunque la Justicia no descarta un suicidio, los organismo de Derechos Humanos denuncian un asesinato “para callar a los militares que podrían hablar”.
El lunes pasado fue encontrado muerto Paul Alberto Navone, sospechado por el robo de bebés. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció que "están eliminando" a militares investigados por delitos cometidos en la última dictadura.
