Trabajadores del Ministerio de Defensa denunciaron esta semana que el gobierno nacional avanza en un “desmantelamiento” de los equipos especializados que se encargan de relevar e investigar archivos de las Fuerzas Armadas correspondientes al período 1976-1983. Esos documentos son un insumo probatorio clave en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado durante la última dictadura militar.
Los despidos en el sector público de fines del año pasado alcanzaron a Defensa y, en particular, a su Área de Archivos, donde se redujo significativamente el personal dedicado a tareas de relevamiento documental. “Llamamos la atención sobre el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, donde se desempeñaban diez de los trabajadores despedidos, quienes realizaban tareas vinculadas a la desclasificación, acondicionamiento, relevamiento y análisis de documentación de los archivos de las Fuerzas Armadas, requerida por la justicia como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar”, advirtió un llamamiento firmado por más de 500 organizaciones sociales y sindicales y referentes en el ámbito de los Derechos Humanos, y presentado el miércoles durante una conferencia de prensa en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
El pasado 22 de diciembre, Defensa comunicó el despido de 70 empleados del Ministerio. Los afectados afirman que solicitaron una audiencia con el ministro Oscar Aguad y con las autoridades de la Subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio, pero aún no obtuvieron respuesta. Los trabajadores reclaman la “inmediata reincorporación” de los despedidos “sin justificación”. Hasta ahora, las conducción ministerial no contestó a su pedido de que se abra una mesa de diálogo.
Respecto de los despidos en la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, éstos afectaron particularmente a los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas, conformados en 2010 con el objetivo oficial de emprender “tareas de relevamiento y análisis de toda la documentación que pueda resultar de valor histórico y/o judicial que se encuentre archivada y/o custodiada en dependencias de los Estados Mayores Generales de Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”.
En los últimos siete años, dichos equipos aportaron más de un centenar de informes a causas de lesa humanidad como las de Plan Cóndor, ESMA, Campo de Mayo, Operativo Independencia y Malvinas, entre otras. Al mismo tiempo, a través de su Área de Género, la Dirección se ocupaba de recibir y tramitar denuncias sobre violencia de género dentro de las Fuerzas Armadas y de implementar instrumentos para que las Fuerzas impulsaran políticas de género en su seno.
Los equipos especializados se ocupan de relevar sistemáticamente archivos del período de la dictadura para producir informes sobre modalidades y estructuras de la represión ilegal entre 1976 y 1983, con el objeto de reconstruir, a partir de los registros de las propias instituciones involucradas, tanto las directivas, órdenes y reglamentos que guiaron la operatoria represiva como las cadenas de mando de los comandos de cuerpo, brigadas, regimientos, batallones, destacamentos y escuadrones, para identificar a los responsables materiales de delitos de lesa humanidad.
Según los trabajadores, los despidos en el área implican que el acceso a la documentación “queda restringido a los integrantes de las Fuerzas Armadas y se pierden insumos fundamentales para garantizar el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, en la medida en que no se podrá contar con documentos para respaldar imputaciones surgidas de los testimonios de víctimas y sobrevivientes del terrorismo de estado, como tampoco podrán surgir nuevas imputaciones de la documentación propia de estas instituciones”. Al mismo tiempo, “la pérdida de puestos de trabajo de profesionales capacitados evidencia el vaciamiento de la política pública del Ministerio de Defensa en su compromiso con la Verdad, la Memoria y la Justicia, violando los compromisos asumidos por el Estado argentino en el marco del derecho internacional de los Derechos Humanos”.
