El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, y el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), David José Tezanos González, fueron denunciados por el presunto delito de abuso e incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, al no haber realizado la audiencia pública previa al incremento de las tarifas de gas aplicado en Mar del Plata.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción, Daniel Adler, fue quien presentó la denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde su titular, Sergio Rodríguez, decidió darle curso.
Adler advirtió “la posible comisión de infracciones penales, ello en tanto se ha incumplido con el artículo 46 de la ley 24076 que prevé la realización de una audiencia pública previa al incremento de las tarifas, con pleno conocimiento que así se procedía —evidenciado en la justificación ensayada en la Resolución Enargas 3732/2016— y con grave perjuicio a los derechos a la calidad de vida de la población de este circuito federal, que sufrió un fuerte impacto en la suba del gas domiciliario”.
El fiscal marplatense consideró que “este procedimiento previo con intervención de los interesados, como es la audiencia pública en este tema específico del gas donde hay una ley especial que indica su necesidad de realización en materia de tarifas, es una garantía implícita en la normativa constitucional que reconoce y consagra la tutela de los usuarios”, y precisó que “el artículo 46 de la ley 24076 dispone: ´Los transportistas, distribuidores y consumidores podrán solicitar al Ente Nacional Regulador del Gas las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos de acuerdo con los términos de la habilitación que consideren necesarias si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas. Recibida la solicitud de modificación, el ente deberá resolver en el plazo de sesenta (60) días previa convocatoria a audiencia pública que deberá celebrarse dentro de los primeros quince (15) días de la recepción de la citada solicitud´”.
“En consecuencia, la ausencia de Audiencia Pública, prevista específicamente para el cambio de tarifas en el gas no sólo ha obturado la discusión ciudadana sobre el punto impidiendo el control del consumidor, sino que constituye un incumplimiento de la ley de parte de la autoridad en un tema que afecta el derecho de las personas a su calidad de vida”, señaló luego el fiscal general Adler en la presentación ante la PIA según indicó el portal fiscales.gob.ar.
Por su parte, el titular de la PIA concluyó que correspondía poner en conocimiento de las autoridades judiciales pertinentes lo referido por el fiscal general marplatense. “La explicación brindada, en función de las figuras delictivas invocadas, describe, en sus términos, los requisitos típicos objetivos y subjetivos de la conducta ilícita que se atribuye conforme lo describen los arts. 248 y 249 del Código Penal”, manifestó Rodríguez.
La denuncia ya fue sorteada y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11. La PIA “estimó procedente” que “se obtengan del Ministerio de Energía y Minería y del ENARGAS, los expedientes que conforman el antecedente de las Resoluciones”, para así “reunir mayores elementos de conocimiento que permitan evaluar los hechos denunciados”.
