El fiscal federal de San Isidro, Claudio Scapolán, fue destituido este lunes 17 de abril de su cargo por decisión de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, que lo encontró responsable del delito de asociación ilícita. Se lo señalaba por haber dado cobertura judicial a una banda que extorsionaba a narcotraficantes y que incluso llegó a robar un cargamento de cocaína.
El final del proceso de destitución ocurrió ayer en el anexo del Senado provincial, a donde Scapolán concurrió en persona y se sentó frente a un jurado encabezado por Ana María Bourimborde, de la Cámara I en lo Civil y Comercial de La Plata.
Scapolán, sobre quien ya pesaba una suspensión de su cargo como fiscal federal desde el 22 de diciembre pasado, escuchó el contenido de un fallo firmado por mayoría, que contenía la pena de inhabilitación para volver a ocupar cargos públicos y el pago de las costas que requirió el proceso.
Asimismo, también integraron el jurado de enjuiciamiento los conjueces y legisladores Juan Pablo Allan (Juntos, senador), Daniel Lipovetzky (Juntos, diputado), Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos, diputado), Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos, senadora) y María Eugenia Brizzi (Juntos, diputada).
También estuvieron los conjueces abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli. Según consignó Télam, el único voto en contra de la destitución fue de la senadora oficialista Sofía Vanelli.
La acusación a Scapolán
El apellido de este fiscal federal de la zona norte del conurbano bonaerense comenzó a tomar dimensión pública en 2016 cuando la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, presentó una denuncia en su contra. Pero ya tenía una en el haber firmada por la ex diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.
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Con el pasar de todos estos años, Scapolán fue acusado formalmente de una decena de delitos de alta gravedad.
Lo encontraron jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, de uso de documento público falso, de falsedad ideológica, de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La asociación u organización que integraba este fiscal federal está señalada por haber estado atrás del robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcotraficantes en diferentes episodios ocurridos entre 2013 y 2015.
"Se acreditó que el fiscal Scapolán intervenía en procesos federales cuando no le correspondía hacerlo, intervenía en procesos de jurisdicción ajena a su competencia siempre con el mismo modus operandis, denominado rulo, que se anularon los procedimientos, entre un sinfín de hechos de suma gravedad", sostiene un fragmento de la acusación que se tuvo en cuenta a la hora de decidir la destitución.
Qué dijo Scapolán en el jury
Contra toda imposición legal y responsabilidad requerida para ejercer la función persecutoria como fiscal federal de la Nación, Scapolán se arrogó el manejo de una organización que también estaba integrada por 32 policías y abogados. La mayoría de ellos son efectivos policiales de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de las localidades de San Isidro y Quilmes.
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Al momento de pronunciar su alegato defensivo, el ahora ex funcionario judicial sostuvo que "nada de lo producido (en el proceso) permite sostener, con el grado de certeza que este mismo jurado ha sostenido debía probarse en audiencia, los hechos que son materia de acusación".
Asimismo, Scapolán, que ejerció su propia defensa, dijo que "el jurado tiene que basarse en aquello que es cierto, en lo que esté debate y suficientemente probado, y la realidad es que la imputación que realizó en algún momento el doctor (el fiscal, Fernando) Domínguez se basaba solo en suposiciones, ninguna certeza".
El fiscal que menciona es quien en 2020 le pidió a Arroyo Salgado que autorice una orden de allanamiento a la oficina de Scapolán en Tribunales. Después de ese procedimiento y otras medidas llegó el procesamiento del fiscal federal, revocado en junio del año pasado por la Cámara Federal.
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