El financiamiento político (de partidos y campañas) es clave para la calidad de la democracia y la integridad de las elecciones. La democracia no tiene precio, pero sí tiene un costo de funcionamiento. Por ello, el uso de recursos económicos es imprescindible para la competencia político-electoral. De ahí la importancia de no demonizar al dinero pero sí regularlo adecuadamente para evitar que produzca graves distorsiones en el sistema democrático: en especial, la captura del Estado, graves conflictos de intereses y la penetración del crimen organizado.
En un seminario organizado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda el pasado 27 de febrero, el Gobierno propuso una serie de modificaciones dirigidas a mejorar la legislación vigente sobre la materia. Bienvenida esta iniciativa, oportuna, necesaria y urgente en mi opinión. La coyuntura para debatir es propicia por dos razones: 1) los temas de alta sensibilidad política hay que discutirlos en años no electorales; y 2) existe un importante nivel de consenso (tanto en el ámbito político como en el de la sociedad civil) en relación con un buen número de propuestas que, de ser aprobadas, perfeccionarían el régimen vigente. Entre ellas, cabe mencionar: 1) mejorar las condiciones de equidad de la competencia electoral (nivelar la cancha), regulando la publicidad oficial y aumentando el plazo de prohibición de los actos de gobierno dirigidos a captar el voto; 2) sancionar el clientelismo y el uso de recursos públicos con fines partidarios; 3) incrementar la transparencia y la rendición de cuentas; 4) implementar el registro de aportes y gastos en tiempo real; 5) poner en marcha un registro de proveedores en línea; 6) bancarizar los aportes para favorecer su trazabilidad; y 7) fortalecer los órganos de control y el régimen de sanciones. Respecto de este último punto, es importante no solo aumentar el número de auditores de la Camara Nacional Electoral sino también garantizar un adecuado suministro de información de parte de Procelac, UIF, AFIP, OA, IGJ, Anses a la justicia electoral.
Hay, en cambio, otras cuestiones sobre las cuales no existe el mismo nivel de consenso: entre ellas, si los sindicatos y las empresas podrían hacer aportes a las campañas. Respecto de las empresas, el Gobierno está a favor de permitirlo pero con un tope del 3% sobre el total de los gastos permitidos para un partido. Coincido con esta propuesta, pero estableciendo claros límites respecto de aquellas empresas que deben quedar excluidas para evitar potenciales conflictos de intereses, y con topes razonables.
Mi opinión: una reforma con estas características, además de estar alineada con las principales tendencias actualmente vigentes tanto a nivel global como regional, representaría no solo un importante avance, sino que también contribuiría a transparentar y sincerar nuestro régimen de financiamiento político, reduciendo la enorme brecha que existe entre la dimensión normativa y la realidad.
Pero si de verdad deseamos dar un salto cualitativo en esta materia, la reforma debería apuntar a otros cuatro objetivos estratégicos.
Uno, contribuir a fortalecer, institucionalizar y modernizar nuestro muy débil y altamente fragmentado sistema de partidos políticos, causa principal de muchos de nuestros problemas.
Dos, lograr avanzar simultáneamente tanto a nivel nacional como provincial, abriendo la posibilidad de adhesión de las provincias al régimen nacional (ya que únicamente 5 de los 24 distritos cuentan con un régimen de financiamiento político).
Tres, garantizar no solo la integridad de los procesos electorales, sino también la del sistema político en su conjunto. Para ello es preciso abordar esta compleja problemática desde un enfoque integral. Como acertadamente recomienda el grupo de trabajo de RAP (integrado por políticos y empresarios), la regulación del financiamiento político debe ser parte de un “ecosistema” de integridad de la política at large, que incluya también las regulaciones contra la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés, junto a normas de compliance del sector privado.
Y cuatro, fomentar una cultura (tanto de parte de los políticos, como de los empresarios y de la ciudadanía en general) fuertemente comprometida con el respeto de las reglas del financiamiento político, para complementar las buenas normas con buenas prácticas.
(*) Director regional para América Latina (IDEA)
