Un dato que comenzó a circular con fuerza en las últimas horas, y desde la Casa Rosada, da cuenta que la obra social de Camioneros está “quebrada”, sumergida en problemas económicos, y que no puede ni siquiera adquirir “una aspirina”. Por eso, Pablo Moyano está en las calles con protestas, reclamando que las ART vuelvan a cubrir los tratamientos de aquellos chóferes afectados por coronavirus con duras críticas al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, principalmente.
Graciela Ocaña, diputada nacional de Juntos por el Cambio, acompañó esta versión: en diálogo con radio Rivadavia, ayer dejó en claro, aunque evitó dar cifras, que la obra social del gremio está en serias dificultades “mientras a los trabajadores no les alcanza la plata, sus representantes son ricos”.
“Su pasivo, lo que deben, es mucho mayor a todo lo que tienen. Y mientras esto sucede, las empresas de la esposa de Moyano ganan y no dejan de ganar”, añadió la legisladora, quien comentó que los dirigentes que manejan los destinos del sindicato, y poseen innumerables propiedades en countrys.
La información es desmentida desde el seno de Camioneros. Ante la pregunta de PERFIL, en rueda de prensa, Pablo Moyano negó la situación y, bajo gesto adusto, mencionó que Oschoca, la obra social perteneciente al sindicato, se encuentra “en San José 1715, Capital Federal”.
Aunque la semana pasada reconoció que el conflicto con las ART ha derivado en mayores gastos de las obras sociales. “Las ART no atienden a los trabajadores, por lo que los gastos recaen en las obras sociales”, declaró el representante sindical.
Las pymes son aliadas y acompañan el reclamo de camioneros
Por este motivo, el dirigente ratificó la continuidad del plan de lucha gremial y adelantó que “el sindicato paralizará la actividad cuando el primer trabajador camionero sufra el descuento salarial por no cubrir las ART la covid-19, porque el sector fue en su momento declarado esencial y, los choferes, dieron la vida para abastecer el país”.
Desde el entorno de Moyano reconocen problemas pero “como los que atraviesa cualquier tipo de obra social en estos momentos, están todas en la misma situación”. Y precisan que el Estado no está aportando los fondos comprometidos para cubrir las enfermedades y los tratamientos de alta complejidad, los más costosos.
Algo que para diversas fuentes gremiales no dista de la realidad: por lo bajo, manifiestan que está demorado, por parte del Gobierno, un pago de 4 mil millones de pesos comprometido desde enero a las obras sociales sindicales. Una cifra que es necesaria para compensar los gastos extra que tuvieron que realizar por servicios a los afiliados discapacitados, por ejemplo.
Un reclamo compartido por las pymes. No solo Camioneros reclama que las ART garanticen la cobertura a empleados por coronavirus sino también distintas cámaras pymes, como la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba) o Cgera, que tienen a cientos de trabajadores contagiados.
“Ante la situación récord de contagios por la variante ómicron de covid-19, las ART están rechazando las solicitudes del personal enfermo por encontrarse fuera de la cobertura excepcional de emergencia”, apuntó Cgera.
En este sentido, las ART se amparan en el decreto de necesidad y urgencia 39/21 que establece que la cobertura por la pandemia se aplica a trabajadores de la salud y miembros de las fuerzas policiales.
“Los empresarios pymes quedamos muy preocupados ya que las ART no reconocen al covid dentro de sus coberturas; en el marco de la pandemia, muchos empresarios y empresarias se preguntan para qué tienen un seguro si las ART no cumplen con su rol ante la covid-19”, señaló la entidad.
