El ministro de Justicia, Julio Alak, recibió hoy dos denuncias penales, en las que se lo acusa de graves delitos por haber encabezado una celebración en la ex- ESMA, en tanto organizaciones de Derechos Humanos realizarán una marcha el próximo martes para exigir su renuncia.
Los denunciantes -el empresario y dirigente peronista Juan Ricardo Mussa y el abogado José Lucas Magioncalda- se presentaron en el edificio de Comodoro Py 2002 para imputar a Alak delitos como "incumplimiento de los deberes de funcionario público", "abuso de autoridad", "malversación de caudales públicos" y "coacción".
Tras la polémica que se generó por el "asado y brindis" y la denuncia al ministro, varios organismos defensores de Derechos Humanos anunciaron que el martes próximo marcharán hasta el ministerio de Justicia, en Sarmiento al 300, para exigir la renuncia de Alak, según reveló Carlos Lordkipanidse, sobreviviente del campo de exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura militar e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).
Lordkipanidse denunció que "Alak hizo lo mismo que hace cualquier peronista típico de la provincia de Buenos Aires: montar una choripaneada con fines políticos".
Una de las denuncias presentadas hoy recayó en el juzgado de Daniel Rafecas (el primero que tuvo a su cargo la causa de la ex Ciccone) y la otra quedó radicada en el despacho de Claudio Bonadío (quien lleva dos expedientes contra el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime y la causa de la tragedia de Once).
Ahora, esos dos jueces federales deberán resolver cuál de ellos investiga al funcionario. La Cámara Federal será la encargada de establecer cuál denuncia se radicó primero o -eventualmente- cuál de los expedientes avanzó más rápido, para definir qué magistrado que se encargará de investigar si Alak deberá ser procesado.
Por un lado, el abogado Magioncalda, presidente de la asociación Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, sostuvo que el "asado festivo" que tuvo lugar en la ESMA "vulneró la ley de Ética Pública y la Ley de creación del 'Ente Espacio para la Memoria'".
Para el denunciante, con ese festejo "se le aplicó a los bienes efectos del Estado un destino que las normas no preven" y por lo tanto "el ministro Alak y demás funcionarios organizadores y\o autorizantes del cuestionable evento incurrieron en conductas que sanciona el Código Penal", informó DyN.
