La Justicia federal bonaerense frenó dos de las más polémicas leyes impulsadas por el Gobierno para reformar el Poder Judicial. El juez federal Martín Alberto Martínez, de San Nicolás, declaró ayer inconstitucional la ley que limita las medidas cautelares contra el Estado nacional a seis meses de extensión y frenó la norma que modifica la constitución del Consejo de la Magistratura e impone la elección popular de sus miembros.
En Mar del Plata, en tanto, el juez federal Alfredo Eugenio López suspendió las elecciones de candidatos de los abogados al Consejo de la Magistratura previstas para las primarias del 11 de agosto.
El freno judicial se impulsó en suelo del gobernador Daniel Scioli, luego de una pública recriminación que le hiciera la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El diputado kirchnerista Carlos Kunkel anticipó que el Gobierno “apelará” y “utilizará todas las herramientas judiciales necesarias” para defender la reforma judicial.
En tanto, la jueza federal María Servini de Cubría fallará en los próximos días sobre un amparo y medida cautelar presentada por la Asociación de Magistrados para frenar la reforma del Consejo de la Magistratura.
En Mar del Plata, el juez avaló una medida cautelar presentada por el Colegio de Abogados de esa ciudad. Este juez federal ha sido un obstáculo para el Gobierno ya que no sólo interviene en una causa de Cablevisión versus Afsca: el año pasado falló en varias resoluciones en contra del Ejecutivo contra el cepo al dólar, contra el pago de Ganancias y contra la AFIP.
En la misma línea que López y con argumentos rotundos, Martínez, de San Nicolás, declaró ayer la inconstitucionalidad de la norma que limita las medidas cautelares y puso freno a la elección por voto popular de los consejeros de la Magistratura “por vulnerar los principios y garantías consagrados en la Constitución Nacional”.
Martínez solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que “se abstenga” de aplicar la Ley 26.855, “debiendo suspender el llamado a elección” dispuesto por el decreto de la Presidenta para llenar vacantes en el Consejo de la Magistratura, “hasta tanto se resuelva en definitiva”. Además, hace lugar a la medida cautelar solicitada por Ricardo de Felipe, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), quien se presentó en este caso como abogado litigante en su jurisdicción.
Ambas acciones son estrategias digitadas por la FACA. De Felipe dijo a PERFIL que “ha sido un logro de los abogados del país en pos de la Constitución y nuestro sistema republicano”.
En tanto explicó que la FACA cuenta con apoyo internacional de organizaciones de abogados latinoamericanos y europeos, quienes se reunirán el 8 de junio “para respaldar la democracia argentina”. Se encuentran en tratativas de contar con la presencia de la relatora de Naciones Unidas, Gabriela Knaul, quien justificó sus reparos en la reforma judicial.
La inconstitucionalidad o no de las leyes son la cuestión de fondo, que resolverá la Corte Suprema. Una señal: ayer la Cámara Federal desestimó la denuncia de Elisa Carrió contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por un supuesto pacto con el Gobierno.
