Liderados por Luis Petri, integrantes del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja presentaron esta semana un proyecto para prohibir que la ayuda que brinda el Gobierno a grandes grupos empresarios en el marco de la pandemia sean un condicionante para la participación en el capital social por parte del Estado, idea que propuso la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos días atrás.
Para Petri, “el Estado involucrándose en los planes de negocios de las empresas y quedándose con parte de sus acciones a cambio de ayuda, es atentar contra el derecho de propiedad, una confiscación de bienes encubierta”. El legislador mendocino aseguró, además, que las declaraciones realizadas por Vallejos “no son aisladas y ha sido el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el que calificó como ‘interesante’ la idea de que el Estado se quede con parte de las empresas que asiste”.
En este sentido, afirmó: “No vamos a permitir que, aprovechando el estado de necesidad, se vulneren los derechos consagrados constitucionalmente”. La iniciativa contó con el apoyo de Waldo Wolff, Alfredo Cornejo, Fernando Iglesias, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Álvaro de Lamadrid, Jimena Latorre, Estela Regidor, Lidia Ascárate, Ximena García, Gonzalo Del Cerro y Gabriela Lena.
Empresarios alarmados con las declaraciones de la diputada Fernanda Vallejos
La propuesta. "Es claro que estamos ante una situación extraordinaria que, por la enorme cantidad de dificultades sanitarias, económicas y sociales que implica la pandemia, demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado", argumentó días atrás Vallejos en un hilo de Twitter. "Ello implica la inyección de una importante cantidad de recursos que deben ser suficientes para garantizar la preservación del tejido productivo y el bienestar de las familias mientras dura el confinamiento", agregó.
En este marco, según la funcionaria, el Estado tiene dos grandes opciones. "Una es aplicar una política de transferencia de ingresos y distintos mecanismos de ayuda de carácter universal, el otro es asignar esos recursos sólo a quienes el Estado evalúa que los necesitan", explicó, y remarcó que el gobierno argentino "ha optado por este segundo camino", de ayudas focalizadas. En ese sentido, aseguró que "los criterios aplicados para determinar quiénes acceden y quienes son excluidos de las ayudas, se tornan cruciales".
"La noticia de que varios grupos económicos de los que se tiene conocimiento que han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales, etc, accedieron al ATP, plantea la necesidad de revisar esos criterios", aseveró la diputada y dijo que si los recursos no alcanzan para todos, "resulta injusto que empresas con probada capacidad y recursos propios para afrontar los salarios de los trabajadores, capturen recursos públicos que deberían servir para cualquier otro fin de primer orden".
11. Por otra parte, si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías
— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) May 17, 2020
Vallejos sostuvo que esas prioridades podrían ser "homologaciones de convenios salariales que eviten el recorte del 25%, aumentar jubilaciones, ampliar la cobertura y/o el monto del IFE, asistir más fuertemente a empresas en verdaderas dificultades, entre otras". Además, propuso: "Un criterio básico de exclusión sería negarle la ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino. En este sentido, vamos a presentar un proyecto de ley que complemente los criterios ya establecidos".
Por otra parte, resaltó que "si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías".
AB/FeL
