Mientras comenzaba una jornada de protestas sociales, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó ayer durante una conferencia de prensa que el Gobierno les cobrará de manera directa unos 60 millones de pesos a las organizaciones sociales que participaron de la movilización del 20 de diciembre pasado a raíz del costo del operativo de seguridad desplegado para impedir piquetes. “Vamos a intimarlas para que se hagan cargo del gasto”, expresó Adorni.
“En línea con la reducción de los gastos de la política y del gasto público, nos llena de satisfacción que se haya entendido que llegó el tiempo del ciudadano o que quedó atrás el tiempo del privilegio político”, expresó el vocero del jefe de Estado.
Y reveló que el Gobierno denunció penalmente a 32 dirigentes sociales por el delito de extorsión al Estado. “La denuncia ha recaído en el tribunal del doctor Casanello y en la fiscalía de Gerardo Pollicita”, informó.
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“Hasta el momento, hay 32 personas denunciadas en la línea 134 con el detalle de quiénes son y en qué organización operan”, apuntó Adorni.
Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad a PERFIL se recibieron 18.011 llamados con denuncias, de las cuales 1.290 están siendo tramitadas para avanzar en posibles denuncias penales.
“Vamos a intimar a las organizaciones sociales para que se hagan cargo del gasto del operativo, porque no le corresponde a la ciudadanía”, siguió en relación con el dispositivo de seguridad desplegado este miércoles. “Hay una estimación que ronda los 60 millones de pesos, y por supuesto esta será la factura que les pasaremos”, sostuvo el funcionario libertario.
En ese sentido, el portavoz precisó que en el marco de la aplicación del protocolo de orden público “se identificaron 14 organizaciones sociales que estuvieron involucradas” en la protesta del miércoles.
Paralelamente el Ministerio de Seguridad informó que no hubo cortes de rutas ni de autopistas, a pesar de la gran cantidad de manifestaciones y movilizaciones en contra del DNU del presidente Milei. En particular encabezadas por el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y la organización Somos Barrios de Pie, quienes intentaron copar el centro porteño.
Además, la cartera que conduce Patricia Bullrich detalló que hubo pequeñas concentraciones en accesos a la Capital Federal sin cortes.
