Ayer, apenas tres días después de que la Corte Suprema accediera a beneficiar con 2x1 a Luis Muiña, acusado por delitos de lesa humanidad, el controvertido fallo cosechó cinco pedidos de excarcelación de cinco represores, el rechazo de un tribunal y el pedido inconstitucionalidad de un fiscal especializado en la materia.
Según números preliminares que maneja la Procuración General de la Nación, 278 imputados que se encuentran actualmente detenidos podrían ser beneficiados por el 2x1, lo que representa el 52 % de los condenados bajo arresto. Los represores Alfredo Astiz, Reynaldo Bignone o Luciano Benjamín Menéndez, son algunos de los que podrían solicitar la libertad.
Para el Gobierno sólo se podrían beneficiar cuatro represores. Una diferencia sustancial de estimaciones.
En dialogo con PERFIL, el fiscal general Pablo Parenti afirmó que resulta llamativo que la Corte se apoye en el argumento de que la ley del 2 x 1, dictada de 1994, no contenga una referencia expresa a los delitos de lesa humanidad para establecer una excepción “cuando en ese momento estaba totalmente clausurada la posibilidad de juzgar estos delitos”.
Por su parte, fuentes cercanas al máximo tribunal defendieron la decisión y dijeron que tuvo un “marcado apego a la ley” e hicieron alusión al caso conocido como Cano, por lo que el fallo Muiña no seria aplicable a todos aquellos que hayan cumplido mas de dos años en prisión preventiva. En tanto que resaltaron la falta de una ley que “abarque los delitos de lesa humanidad”.
El primero en presentar su pedido de libertad fue el ex capitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo. Lo hizo el jueves ante el TOF 6 quien corrió vista a la fiscal federal Angeles Ramos
Ayer, la fiscal pidió a los jueces que declaren la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad del beneficio (ver aparte). Ahora el tribunal tiene cinco días para resolver si lo liberan o no. Poco después se conoció la decisión de Parenti, a cargo de la Unidad Especializada en casos de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado, que pidió al TOCF 5 que rechace el pedido excarcelación hecho por la defensa de Héctor Salvador Girbone, condenado en 2014 a ocho años de prisión por la apropiación de Pablo Javier Gaona Miranda. El tribunal aceptó el pedido del fiscal. Y luego rechazó también la excarcelación del represor Jorge Magnasco.
Parenti también pidió, en forma subsidiaria, la declaración de inconstitucionalidad de la derogada ley 24.390.
El ex médico de la Armada Jorge Luis Magnacco, condenado por el robo de menores fue otro de los que pidió su excarcelación, al igual que Juan Antonio Azic, apropiador de la diputada Victoria Donda y de Laura Ruiz Dameri. Entre 2012 y 2014 Azic fue condenado a 14 años y medio por la apropiación de Donda y a diez por la de Ruiz Dameri. En tanto que en San Juan se registro el pedido del represor Alejandro Lazo, condenado por torturas y privación ilegitima de la libertad en 2013 y quien ya goza de salidas transitorias dos veces por semana.
La voz de las víctimas. Ayer, el abogado de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, se presentó en los TOCF 5 y 6 para presentar escritos en los que pidieron que se les “conceda intervención en los pedidos de excarcelación que están haciendo los represores y apropiadores de niños”. Y de esa forma “poder discutir caso a caso”.
Ahora esperan la decisión del TOF 6. “Primero el tribunal tiene que resolver si nos autoriza a opinar o no, porque de hecho hoy estamos en una situación adonde no podríamos opinar sobre estos pedidos. Las victimas no tendrían la posibilidad de expedirse. ”, resalto a PERFIL. Iud también pidió que en caso de que se conceda la libertad de Gallo, se adopte medidas para proteger la integridad física de Francisco Madariaga que es la persona de quien él se apropio.
Por qué se opuso la fiscal
Ramos está a cargo de la Unidad de Asistencia para causas judiciales por violaciones a los Derechos Humanos. La fiscal pidió la inconstitucionalidad frente a un planteo de excarcelación de Víctor Alejandro Gallo, un ex militar que durante la dictadura se apropió del hijo de una desaparecida en el campo de detención ilegal conocido como El Campito.
El objetivo es que si el planteo llega finalmente al nivel máximo de la Justicia, la Corte Suprema vuelva a debatir la inconstitucionalidad de su propia decisión, una situación singular que difícilmente ocurra.
