“Son pueblos originarios que reclaman contra grandes terratenientes como Benetton, Lewis y Turner”. Esa frase trasluce uno de los argumentos más escuchados en Chubut y Río Negro por quienes def ienden el recla mo de los grupos mapuches. Es que la multiplicación de los conflictos por tierras volvió a poner sobre el tapete la extranjerización de las propiedades rurales. Un informe oficial indica que el 5,57% de las tierras rurales está en manos de personas o empresas extranjeras.
Por ley, el límite de territorio en manos foráneas no puede superar el 15% del total. Hoy, las cifras muestran que esa barrera, a nivel nacional, se encuentra todavía lejana. Sin embargo, los problemas surgen puertas adentro de cada provincia o municipio, donde el indicador sube considerablemente. En Misiones, Corrientes, Salta y San Juan, por ejemplo, el porcentaje supera el 10%.
La situación empeora cuando se analiza lo que ocurre en los municipios: hay 45 departamentos en todos el país que superan ese límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras. En algunos casos, inclusive, supera el 50%.
Catalogado como “pueblo histórico” en Salta, San Carlos se encuentra a 24 kilómetros de Cafayate, en los Valles Calchaquíes. Tiene la particularidad de encabezar el listado confeccionado por el Ministerio de Justicia: el 58,7% de sus terrenos fueron comprados por extranjeros.
Molinos (también en Salta), con el 58%, General Lamadrid (La Rioja), 57%, y Lácar (Neuquén), 53%, son otros departamentos que se destacan en el ránking. No hay que irse muy lejos igual: en Campana, provincia de Buenos Aires, el 50% de las tierras pertenecen hoy a extranjeros.
Conflictividad. En las zonas donde en el último tiempo recrudecieron las tensiones entre las autoridades, fuerzas de seguridad, y grupos de pueblos originarios, se da una particularidad. Río Negro, por ejemplo, es una de las provincias con menor índice de tierras rurales extranjerizadas. Apenas el 1,81%. Sin embargo, en Bariloche, donde la semana pasada murió Rafael Nahuel luego de un operativo de la Prefectura por la toma de un terreno de Parques Nacionales, el porcentaje sube a 21,5.
Similar situación se visualiza en Chubut, donde el 1 de agosto murió ahogado Santiago Maldonado luego de un operativo de Gendarmería para desalojar un piquete en la Ruta 40. El 4,62% de las tierras chubutenses son de extranjeros, mientras que en Cushamen el número es 22,9%. Justamente, el terreno que el grupo mapuche tiene tomado en esa localidad, que fue epicentro de conflictos en los últimos meses, es propiedad de Luciano Benetton pero reclamado como “territorio sagrado” por los referentes mapuches. Registro. En 2011, el Congreso sancionó una ley que creó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Allí, no sólo se fijó el límite de 15% sino que también se estableció que el Ministerio de Justicia iba a estar encargado de hacer un relevamiento de la propiedad de todas las tierras a nivel nacional. Argentina cuenta con más de 267 millones de hectáreas de tierras rurales, 95% de su territorio. Ese 5,75% en manos extranjeras representan unas 15 millones de hectáreas.
Según relataron fuentes del ministerio, ese indicador daba más alto durante el kirchnerismo pero, denuncian, porque estaba adulterado. “Pensaron que se iban a encontrar con una Argentina llena de extranjeros, pero no es tan así, por lo que metieron tierras que son de empresarios argentinos”, describe una fuente.
En agosto de 2016, el Gobierno sacó un nuevo decreto reglamentario con el objetivo de promover “la llegada de inversiones”. Para opositores, en cambio, buscaba favorecer la venta de tierras a extranjeros.
Por reclamos indígenas, se disputan 8 millones de hectáreas.
Como contraparte de la extranjerización de tierras, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tiene como objetivo hacer un relevamiento de las comunidades indígenas y sus reclamos por tierras. Un análisis preliminar de ese estudio (todavía no está terminado) ya muestra que hay en disputa poco más de 8 millones de hectáreas, número que se podría incluso duplicar cuando se finalice el estudio.
Es que en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) hay registradas 1.417 comunidades, sobre un total de 1.596 identificadas. El Programa de Relevamiento Territorial, en tanto, ya alcanzó a 826 comunidades, que son las que explican las 8 millones de hectáreas en disputa. Las 770 restantes ampliarán esa cifra.
La mayoría de las disputas, no obstante, deberían resolverse a nivel distrital. Son las provincias las que deben entregar los títulos de propiedad de las tierras. Hasta ahora, según información a la que tuvo acceso PERFIL, las provincias entregaron casi 3 millones de hectáreas a comunidades indigentes. Jujuy y Mendoza lideran el listado, con más de 700 mil cada una.
