El juicio por la investigación de la AMIA expone delitos cometidos durante la investigación de ese ataque terrorista pero también un problema que llega hasta nuestros días y se proyecta al futuro: el funcionamiento ilegal de nuestras instituciones. Hay dirigentes políticos que protegen criminales, hay agentes de inteligencia que torturan en democracia, hay policías que se dedican al delito y hay jueces y fiscales que forman parte de la trama criminal que garantiza la impunidad.
Se está juzgando al ex Presidente Menem por haber interferido en la investigación de la AMIA bloqueando la investigación del ciudadano de origen sirio Kanoore Edul, que era sospechoso pues había llamado una semana antes del atentado a Carlos Telleldín que fue quien suministró la camioneta que portaba los explosivos. El Comisario de la Policía Federal a cargo de la investigación está siendo juzgado pues habría protegido a Kanoore Edul.
Se está juzgando a un ex juez federal y dos ex fiscales federales por haber permitido esa y otras graves irregularidades durante la investigación del atentado. La más conocida es haber intervenido en el pago de 400 mil dólares para inducir la declaración de Carlos Telleldín. Este pago seria parte de una maniobra para desviar la investigación hacia un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires que hacían negocios de autos robados con Telleldín.
Hay otra infracción aun más grave y menos discutida en los medios: los funcionarios judiciales habrían convalidado la privación de libertad y el tormento de César Fernández un amigo de Telleldín que supuestamente le proveía vehículos robados. Los tormentos los habría realizado en 1995 personal de la SIDE bajo el mando de Horacio Stiuso. El ex jefe de la SIDE reconoció que el organismo había realizado tareas de inteligencia en Entre Ríos para localizar a César Fernández a través de “una fuente” de nombre Manzanares y que le suministraron los datos al Comisario Salguero de la policía de la Provincia de Buenos Aires que fue quien lo detuvo.
El ex juez Galeano dejó constancia en la causa de una versión diferente del episodio: afirmó haber recibido una llamada anónima informando que Cesar Fernández estaba en Bella Vista y ordenó al Comisario Salguero que lo detuviera. El comisario Salguero dió una tercera versión: testimonió que Galeano le dijo que no podían blanquear la detención efectuada por la SIDE y “que debía contactarse con un tal Jaime” (seudónimo utilizado por Stiuso).
Una cuarta versión la presentó el propio Fernández cuando prestó declaración ante el juzgado de Galeano. Allí manifestó que su detención no había ocurrido en Bella Vista. Que dos personas con armas de fuego lo habían detenido en Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos mientras iba con un conocido en un vehículo. Que los subieron a una camioneta, los esposaron y les vendaron los ojos y que luego de unas 6 horas lo llevaron a un inmueble donde lo interrogaron bajo torturas con relación a AMIA. Le colocaron bolsas en la cabeza que le impedían respirar, le pegaron y le pasaron corriente eléctrica por el cuerpo previamente mojado. Luego fue conducido por sus secuestradores hasta otra camioneta y finalmente le quitaron las vendas en la brigada de General Sarmiento.
Manzanares, la “fuente” mencionada por Stiuso, también testimonió ante el juzgado del doctor Galeano pero su declaración no quedó registrada en el expediente judicial. El ex prosecretario del Juzgado, Claudio Lifschitz, reveló que Manzanares le preguntó que era lo que tenia que decir pues le habían dicho que declarara sin involucrar a la SIDE. Lifschitz imprimió dos declaraciones de Manzanares, en una no mencionaba a la SIDE y en la otra se relataba la participación de “Jaime” Stiuso en el operativo de detención y torturas. Finalmente no se incorporaró ninguna declaración al expediente y en cambio se dejó una constancia que Manzanares se presentó al juzgado para interiorizarse sobre la situación de César Fernández.
A pesar del rol protagónico de Stiuso durante este periodo inicial de la investigación ni a él ni a sus subordinados se los ha procesado por los tormentos. El ex juez y los ex fiscales acusados lograron
que el juez entrerriano que investigaba la privación de libertad y las torturas se declarara incompetente y luego proceedieron a archivar la investigación.
Más grave aun es que Stiuso continuó como responsable de la investigación de la AMIA hasta el 2014. Y con gravísimo perjuicio para el futuro de los argentinos Stiuso fue capaz de bloquear el ambicioso plan de reformas impulsado por el presidente Kirchner y su ministro de Justicia Gustavo Beliz.
En abril del 2004 el presidente Kirchner rodeado de su gabinete en pleno, 21 de los 24 gobernadores, los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado, miembros de la Corte Suprema y los jefes de las Fuerzas Armadas, anunció el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007 que aportaría las "respuestas sistémicas" al azote de la inseguridad. Se creaba una Agencia Federal de Investigaciones y se recortaban las atribuciones de la SIDE para operar en el territorio nacional siguiendo el modelo estadounidense donde el FBI sujeto al control judicial investiga dentro de las fronteras y la CIA opera en forma secreta en el extranjero. Beliz ya había manifestado la intención de pedir la remoción de algunos jueces federales como Bonadio y Oyarbide y avanzaba hacia un desguace del fuero penal federal. Tres meses después Gustavo Beliz tuvo que presentar su renuncia y el proyecto de reformas fue abandonado. Beliz hizo publica la foto de Stiuso y dijo que manejaba la SIDE como si fuera la Gestapo. Eso le costó un procesamiento penal que todavía no ha sido cerrado y su exilio.
No hubo mas información publica sobre Stiuso hasta que en Julio del 2013 uno de sus mas estrechos colaboradores, el “Lauchón” Viale, sospechoso de estar involucrado en el narcotráfico, recibió once balazos por parte de una brigada de la policía de la provincial de Buenos Aires que había ido a arrestarlo. Un tribunal va a decidir sobre la responsabilidad individual de los acusados por irregularidades en la investigación de la AMIA, pero ¿quien va a modificar el sistema que garantiza la impunidad de los poderosos en la Argentina? ¿quién va a investigar los nuevos casos? ¿se va a saber como murió Nisman? ¿se puede investigar con eficiencia el caso de la Efedrina y la supuesta participación de Aníbal Fernández?
(*) Dicta el curso Toma de Decisiones en Casos Internacionales, donde se discute el funcionamiento de las instituciones argentinas y del mundo. Informes 0810-555-0202 / [email protected].
