“Creo que es importante este proyecto de ley y la voluntad política que expresaremos esta noche, como asimismo que los bloques mayoritarios se involucren en el apoyo irrestricto a la negociación de la deuda, porque es una causa nacional en la cual no valen los colores políticos. En esto nos va la vida de los argentinos en los próximos cincuenta años”. La frase podría haber sido dicha por cualquiera de los diputados que, con 224 votos positivos, le dieron media sanción el miércoles a la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda externa. Pero fue dicha en 2005 por el histórico peronista santafesino Oscar Lamberto, mientras se debatía la ley cerrojo, que prohibía mejorar la oferta a los bonistas que no ingresaran al canje de deuda.
Quince años pasaron pero la dinámica sigue siendo la misma ante un problema con el que el país sigue tropezando: los gobiernos recurren al Congreso sistemáticamente para tratar el tema deuda, pero más por una necesidad política coyuntural que por la voluntad de encontrarle una solución de fondo.
Así, en estas últimas dos décadas, el Congreso terminó siendo el escenario de idas y vueltas, con los partidos mayoritarios oscilando de un lado a otro en sus posicionamientos. Caía 2001 y Adolfo Rodríguez Saá anunciaba que “el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa” y recibía la ovación de pie de la bancada del PJ. En 2005, peronistas y radicales votaron unidos la primera reestructuración. En 2009 y 2013 se repitió cuando se trató la suspensión del cerrojo para así reabrir las negociaciones. Ese esquema recién se rompió en 2014 con la ley de pago soberano, por la cual se cambiaba el lugar de pago de bonos bajo ley neoyorquina. Ya había salido el fallo del célebre juez Thomas Griesa embargando los pagos a los bonistas que habían entrado al canje, tanto en 2005 como en 2010. Dos años después, el macrismo negoció con los holdouts y llevó al Congreso la necesidad de levantar las leyes cerrojo y de pago soberano. Esta vez, tuvo el respaldo de todo Cambiemos y un sector del peronismo, mientras que el kirchnerismo terminó rechazando.
Patria o buitres. La ideología terminó colándose siempre en los debates. Los partidos de izquierda y de derecha fueron los que se mostraron más coherentes en sus votaciones a lo largo de los años. Los primeros siempre rechazando todo tipo de acuerdo; los segundos, condenando el no cumplimiento de los contratos. Los palcos (en Diputados, en el Senado nunca hay hinchadas) muchas veces fueron ocupados por la militancia, que bajaba gritos en defensa de la soberanía y en contra de “los buitres”. Los memoriosos recuerdan que en los 80, también debatiendo por la deuda, desde las gradas se escuchaba el “patria querida, dame un presidente como Alan García” (por el líder peruano que había dejado de pagarla).
Desde las bancas, la profundidad del debate no fue mucho mayor. En 2016, Máximo Kirchner justificaba la negativa al acuerdo con los holdouts diciendo: “Vayan y negocien mejor, que no haya tanto apuro y no cedan a la extorsión”. Mario Negri –uno de los que estuvieron en todos los debates– les respondía, recordando también antecedentes del kirchnerismo, como el pago cash al FMI o el arreglo con el Club de París: “Obviamente que la estrategia fracasó, muchachos. Se lo digo de buena onda, porque hemos estado juntos mucho tiempo; no fueron ni son el Che Guevara”.
Un ex diputado, antes asesor parlamentario, razona que “la deuda puede ser útil, inútil, legítima, ilegítima, cara o barata, pero el Congreso discutió todo siempre en una ensalada ideológica que no termina nunca en un consenso”. “Después se echan la culpa de quién endeuda más; es una discusión compleja y muy poco honesta”, resume.
Según la Constitución, uno de los roles del Congreso es “arreglar el pago de la deuda”. Esa atribución ya fue delegada, por la Ley de Administración Financiera, por eso en los pasillos parlamentarios se repetía que el Gobierno buscaba respaldo político con la ley actual, porque no la necesitaba para negociar. Casi para la tribuna. Todos los años, no obstante, los legisladores aprueban con el Presupuesto el nivel de endeudamiento aceptado. Allí debería darse el debate de fondo sobre los gastos, ingresos y deudas, para evitar que después se repitan los errores y en el Congreso se rasguen las vestiduras por una deuda de la que nadie se hace cargo por cómo se generó ni sobre cuál es la mejor forma de pagarla.
