A partir del fallo de la Corte Suprema, que el pasado diciembre declaró inconstitucional la conformación actual de 13 miembros que tiene el Consejo de la Magistratura, han vuelto a la discusión nuevamente los muchos obstáculos que atraviesa el organismo encargado de la administración del Poder Judicial. Desde su Comisión de Administración y Financiera, advierten sobre cómo las limitaciones presupuestarias impiden el “buen funcionamiento” de la Justicia.
“El presupuesto que se le asigna al Consejo de la Magistratura básicamente se agota en el pago de los sueldos de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial de todo el país, casi el 98%. Ergo, es muy poco lo que queda disponible para atender otras cuentas o gastos de inversión o capital que el Poder Judicial necesita”, señaló a PERFIL el presidente de la Comisión, el consejero Diego Marías.
“El Consejo debe recurrir permanentemente a partidas especiales que la Jefatura de Gabinete del Gobierno le asigne para atender otros gastos. Hoy si quisiéramos diseñar un plan estratégico de infraestructura o tecnología, para modernizar, no tendríamos cómo hacerlo”, agregó.
El Consejo atiende la totalidad de los sueldos de los 990 juzgados nacionales y federales en todo el país, además de gastos extraordinarios, como las pericias de determinados juicios y el régimen de subrogancias, lo cual aumenta el sueldo de los jueces subrogantes en un 20%. En la actualidad, hay unos 1.165 en esta situación.
"El porcentaje es exiguo para atender el servicio de justicia nacional"
Otros consejeros apuntan, además, a la no aprobación del presupuesto nacional para el ejercicio fiscal de este año como una limitante. “Ya estamos desfasados con los sueldos en más de un 50% desde que la Corte Suprema dio un aumento. Si se hubiera aprobado el presupuesto con sobretechos, como estaba, hubiéramos podido trabajar holgados todo el año, pero eso a nadie le importa”, comentó otro consejero, quien también aclaró que la Corte Suprema no consulta al Consejo para tomar ese tipo de decisiones. El máximo tribunal dispuso un incremento salarial del 15% para todas las categorías de funcionarios judiciales desde enero de este año.
Los problemas con Talcahuano 550, sin embargo, también abarcan el reparto del presupuesto que asigna el Poder Ejecutivo. Los recursos del Poder Judicial se conforman con el equivalente al 3,5% de los recursos de la Administración Central, de los cuales el 2,93% corresponden al Consejo de la Magistratura y el 0,57% a la Corte Suprema. “El porcentaje es exiguo para atender todo el servicio de justicia nacional y soberano”, comentó Marías.
Mientras que el monto recibido por el Consejo, si bien superior, resulta insuficiente, varias voces señalan que la Corte, por otro lado, dispone de muchos más recursos de los que necesita. Al 31 de marzo, ésta declaró contar con dos grandes plazos fijos, uno en el Banco Ciudad por 47.210 millones de pesos y otro en el Banco Nación por 31.555 millones. Desde el Consejo señalan que distintos pedidos de “auxilio” al principio de la pandemia no recibieron una respuesta favorable.
Trabas parlamentarias. Mientras la Justicia debate acerca de cómo funcionará el Consejo de la Magistratura después del 15 de abril, el Congreso por ahora no logra destrabar la falta de acuerdo político para sacar una nueva ley. Al respecto, el jefe del bloque de la UCR en Diputados Mario Negri señaló ayer: “Esto en Diputados tiene muy escasas posibilidades de avanzar. Desde JxC nosotros no vamos a facilitarle nada al oficialismo. Mi opinión es que el quórum lo junte el Gobierno”.
