A menos de una semana para que se venza el plazo que dictó la Corte Suprema para que comience a regir la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, aún es incierto qué sucederá. Como todo parecería indicar que no estarán listos los nombres que faltan para cumplir con el fallo judicial, aparecen tres escenarios posibles. Las miradas están puestas en el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y en la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Según el fallo judicial, el 15 de abril deberían sumarse siete nuevos consejeros a los 13 miembros actuales. Entre ellos estará el mismo Rosatti, quien debe presidir el organismo. Por su parte, el Consejo trabajó a contrarreloj para organizar las elecciones de los distintos estamentos y ya fueron electos los representantes de los jueces y los abogados. Debe también sumarse un nuevo académico, aunque la designación no estará lista sino hasta el lunes 18.
La mayor incertidumbre proviene del Congreso. Los presidentes de ambas cámaras deben enviar cada uno un representante de la segunda minoría. La reticencia a firmar la resolución sería de Cristina Kirchner ante la ambigüedad del fallo. La designación en el Senado beneficia al Frente de Todos si se interpreta que debe asumir como consejero alguien que estuviera en esa posición al momento de asumir los trece consejeros que fueron electos para este período. De entenderse la segunda minoría actual, estaría concediéndole mayor peso a la oposición. Se presume, a su vez, que Massa no tomará una decisión para evitar marcarle la cancha a la titular de la Cámara Alta.
El oficialismo pretende avanzar con una nueva ley que ajuste la conformación en 17 miembros y prescinda de poner a la Corte Suprema a presidir el Consejo. Algunos ven posible que la Corte encuentre una manera de justificar que comience a funcionar el nuevo Consejo con los dos faltantes, mientras que otros creen posible que la reticencia de la vicepresidenta pueda forzar a que la Corte extienda el plazo. El tercer escenario posible nace de la iniciativa de consejeros actuales cercanos al oficialismo. Entendiendo que la paralización del Consejo impediría el funcionamiento de buena parte del Poder Judicial, varios se encuentran listos para continuar con la integración actual hasta las elecciones que el organismo debe llevar a cabo hacia fin de año. En este caso, mantendría funciones operativas, como el pago de sueldos, si la Corte no extiende el plazo y no se llega a la conformación de 20. La alternativa más extrema sería la parálisis total del organismo, si es que se decide cumplir a rajatabla con el fallo.
