La reforma del Consejo de la Magistratura superó el jueves el primer trámite con la media sanción en el Senado pero lejos está de completar el recorrido en el corto plazo. La remota esperanza de llegar con las modificaciones antes de la fecha impuesta por la Corte Suprema ya se había diluido hace rato, con la postergación de la discusión en la Cámara alta ante la falta de acuerdo con los aliados, entre otros puntos. Pero ahora se suma el amplio abanico ideológico que opera en Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría propia y todavía no sabe cómo hará para conseguir el resto de los votos que le faltan.
El jefe del bloque del Frente de Todos Germán Martínez ya anticipó el escenario: “El expediente sobre constitucionalidad de la ley actual entró a la Corte el 22/08/2017. El fallo salió el 16/12/2021. 1.577 días de análisis. Diputados tiene sólo 4 días hábiles para aprobar una nueva ley, según el plazo fijado por la misma Corte”.
“Juntos por el Cambio no hará nada para ayudarlo”, aclararon desde la oposición, en donde mantienen la convicción de que la Corte Suprema tiene que ser parte de la nueva conformación, totalmente en contra de la exclusión que votó el jueves el Frente de Todos en el Senado.
Hasta el momento no fueron conformadas las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, el primer obstáculo para arrancar con el debate en la semana entrante, que además es corta por los feriados de Semana Santa. Si bien ya se definió que ambas estarán presididas por el oficialismo, no hay acuerdo sobre quiénes serán sus titulares, sobre todo en Justicia donde está en duda la continuidad de Rodolfo Tailhade.
Pero el principal freno al asunto en Diputados tiene que ver con las dificultades del oficialismo para llegar a los 129 votos necesarios. Con ocho integrantes el Interbloque Federal jugará un papel clave, aunque todavía no dio a conocer si tendrá una postura unificada. Por lo pronto, los tres integrantes de Córdoba Federal ya se expidieron en contra del proyecto, en línea con el voto de Alejandra Vigo en el Senado. El escenario parecía haberse clarificado con el tuit de Roberto Lavagna, referente político del espacio, en el que abogaba a favor de la participación de la Corte Suprema en la estructura del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, desde el bloque aclararon a PERFIL que “Lavagna no mandó un tuit para que ningún diputado haga lo que él piensa”, sino que buscó echar por tierra las versiones de que el espacio estaba negociando un acuerdo con el kirchnerismo.
Quien está más activa con el asunto es Graciela Camaño, actual integrante del Consejo, quien quiere hacer valer el número estratégico del interbloque. Camaño aclaró también que la opinión del ex ministro no la condicionaba para decidir su voto y dejó entrever que está dispuesta a conversar para encontrar un proyecto de consenso, con algunos cambios en la “letra chica” sobre las comisiones del organismo, que claramente no es el que salió del Senado.
