El debate por la reforma del Consejo de la Magistratura tirará las cuerdas en Diputados entre el oficialismo y la oposición, al igual que el resto de los temas judiciales que atravesaron la agenda parlamentaria. A esto se suma la interna del Frente de Todos que obstaculiza el tratamiento.
Al igual que otras 41 comisiones permanentes de la Cámara baja, está pendiente la conformación de Asuntos Constitucionales y Justicia, que serían a las que se les va a dar giro este proyecto. Ambas serán presididas por el Frente de Todos, luego de varias semanas de discusión con Juntos por el Cambio.
Y ahí es dónde aparece el nudo de la demora. El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, le atribuye a la Corte Suprema por el plazo que fijó para determinar una nueva conformación del Consejo. Sin embargo, el proyecto podría haber sido tratado en febrero, en caso de haber voluntad política.
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Uno de los nombres que aparece como obstáculo es el de Rodolfo Tailhade. Este diputado presidía la comisión de Justicia hasta el pasado 10 de diciembre. Una costumbre de la Cámara es, en caso de que el bloque retenga la presidencia de esa comisión, mantener al mismo presidente. De hecho, Presupuesto y Hacienda la retuvo Heller; Legislación General, Cecilia Moreau.
Solo una de las tres comisiones, sobre 46 totales, cambió la titular, la de Finanzas. La presidía Fernanda Vallejos, pero no renovó su banca, se fue luego de acusar de “ocupa al presidente”. Al ver esta tendencia, sería lógico que Tailhade retenga Justicia. Pero el funcionamiento del Frente de Todos complica aún más el escenario legislativo.
A Rodolfo Tailhade no le comunicaron todavía si sigue o no a cargo de la comisión. Sí confirmaron distintos voceros que el Frente de Todos seguirá a cargo de la presidencia de la comisión. En este escenario, la cintura política de Germán Martínez deberá resolver si mantiene la lengua filosa del diputado cercano a Máximo Kirchner en un lugar estratégico para el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
La Cámara de Diputados y los proyectos judiciales
El nueve de abril de 2021 el senador por Neuquén Oscar Parrilli dijo en el recinto de la Cámara alta: "Espero que en la Cámara de Diputados este proyecto no duerma el sueño de los justos como lamentablemente está ocurriendo con más de 30 proyectos de distinta índole que sancionamos".
Esa noche se debatía un proyecto de ley de acoso callejero, que al poco tiempo Diputados sancionó. Pero el hombre de confianza de Cristina Kirchner dejó un mensaje muy claro. Si bien se refirió a proyectos de “distinta índole”, principalmente a él le interesan los de índole judicial.
Ni la reforma del fuero federal que impulsó Alberto Fernández, ni la reforma del Ministerio Público Fiscal llegaron al recinto de la Cámara baja. Con la composición parlamentaria del período 2019-2021 el oficialismo tenía mayoría propia en el Senado pero era minoría en Diputados.
Esa dinámica generó que en la primera pudieran hacer valer su mayoría para aprobar los proyectos como lo deseaban, sin mediar acuerdo con la oposición. Pero cuando llegaban a Diputados, como decía Parrilli, dormían “el sueño de los justos” porque no podían convencer a los bloques provinciales de apoyarlos.
El bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti, en ese entonces tenía cuatro diputados. Y en ninguna de las iniciativas judiciales quiso acompañar. Lo mismo con los socialistas de Santa Fe y con el resto de los lavagnistas. El único apoyo que recibían era el del interbloque de José Luis Ramón, uno de los más chicos de la Cámara.
Aún así, un mes después de los disparos verbales del neuquino y con la llegada de Martín Soria al Ministerio de Justicia, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia emitió dictamen favorable a la reforma del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, Sergio Massa nunca tuvo garantizados los votos y no se trató en el recinto.
La media sanción para modificar la reforma del Consejo ya está en Diputados. El ala cristinista ve con dificultades que salga la ley. Quedará por ver si se logran conseguir las voluntades necesarias para cambiar la suerte que corren los proyectos judiciales en la Cámara baja.
