Graciela Ocaña fue denunciada hoy por supuesta “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público”, durante su gestión en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) entre 2004 2007.
La denuncia la presentó el actual director del organismo, Luciano Di Cesare, ante el Juzgado Federal N 12, a cargo del Juez, Sergio Gabriel Torres.
La acusación surge de declaraciones de la propia legisladora porteña en otra causa contra Di Cesare, a cargo del Juez Claudio Bonadío. En ese testimonio, Ocaña se jactó de haber tenido 2.500 millones de pesos líquidos en su gestión. Según la denuncia, la ley 25615 la obligaba a invertir los fondos excedentes del PAMI.
“Ocaña tiene que dar explicaciones por éste comportamiento que generó pérdidas por intereses no cobrados por más de 2.600 millones de pesos en perjuicio de los afiliados de PAMI”, denunció el actual director, según un comunicado.
El artículo 11 de la ley, promulgada en 2002, ordena que “los fondos excedentes, se invertirán exclusivamente en depósitos a plazo fijo en el Banco de la Nación Argentina, en condiciones que aseguren el máximo interés en vencimientos escalonados”. Estancar fondos líquidos implica la pérdida de los intereses y/o ganancias que dicho monto debería haber producido de haber sido invertido.
Según la denuncia, los fondos líquidos que menciona Ocaña “tampoco fueron invertidos en prestaciones, ya que en el año 2004 la tasa de utilización de los servicios de PAMI por parte de los afiliados fue solo del 30%”.
“Con este comportamiento no sólo se violó la ley, sino que causó un importante perjuicio patrimonial al Instituto, materializado por la pérdida de dinero causada por la no inversión de fondos excedentes”, remató la presentación.
“Las denuncias de Ocaña están enmarcadas en una carrera electoral y de posicionamiento a futuro. Por eso, entre otras cosas, Ocaña miente al decir que PAMI tiene 20.000 empleados, y que hemos sumados 6.000 más, cuando en realidad hoy el Instituto tiene 14452 empleados. Nos quiere convencer de esta teoría porque parecería que está preparando el terreno para poder echar a 5.000 empleados, en el hipotético caso que se cumpla su anhelo, que es volver a dirigir el PAMI”, concluyó el director.
