“Es imperioso reducir el nivel de litigiosidad entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales”, se adelanta en la tercera página del borrador del Consenso Fiscal 2020 que el Gobierno comenzó a girar a las provincias.
El documento al que accedió PERFIL abre una nueva discusión con la oposición, sobre todo con Horacio Rodríguez Larreta, ya que para suscribir al acuerdo deberá desistir del reclamo que inició ante la Corte Suprema por la coparticipación.
El Gobierno de Alberto Fernández ya comenzó a dialogar con los gobernadores sobre el pacto con el que se busca aliviar las arcas de las provincias, prorrogar la suspensión de la baja de impuestos y generar mayores recursos a partir de la recaudación.
Aunque se estima el acompañamiento de los mandatarios peronistas, hay dos condiciones que pone en una encrucijada a las provincias opositoras.
Una de estas tiene que ver con desistir por dos años de iniciar procesos judiciales y frenar los ya comenzados. Con un adelanto en las primeras líneas de la necesidad “imperiosa” de reducir el nivel de litigiosidad, ya sobre el final del borrador se agrega un tercer punto en los “Compromisos asumidos por las provincias y la C.A.B.A”.
Esta cláusula en la página 5 explicita que en “materia de procesos judiciales” deberán “abstenerse por un período de dos (2) años de iniciar procesos judiciales, y desistir de los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones, por hechos anteriores a la entrada en vigencia de este Consenso”.
El 18 de septiembre, después de que Fernández decidiera traspasarle fondos que recibía Capital Federal a la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la quita de coparticipación a la Ciudad, que pasó de 3,5% a 2,32%.
En caso de querer acceder al Consenso Fiscal, el jefe de Gobierno porteño debería desistir de este reclamo que generó una fuerte disputa política en medio de la pandemia y un quiebre en la relación cordial que hasta entonces había mantenido con el Presidente. Sin embargo, Larreta tratará de mantener la dureza ante el reclamo por los fondos.
“No pedimos nada distinto de lo que pidió Mauricio Macri en 2016 a los gobernadores que desistieron sus reclamos. Incluso la provincia de Buenos Aires gobernada por María Eugenia Vidal aceptó dejar de reclamar más recursos para el Fondo del Conurbano”, explicó un funcionario a PERFIL. En aquel entonces, Alberto Rodríguez Saá (San Luis) fue el único que no aceptó el pacto que se firmó para reducir impuestos.
Ante la emergencia económica y sanitaria, ahora el Gobierno busca prorrogar el acuerdo aprobado al asumir por el cual se frenó la obligación de las provincias de reducir y eliminar impuestos.
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“Como consecuencia de la citada emergencia se ha reducido la actividad económica con inevitable impacto en los niveles de recaudación a la vez que los Gobiernos Nacional, Provinciales y de la CABA necesitan contar con recursos fiscales para la atención de una creciente demanda social cuya resolución permita contener a los sectores más vulnerables de la población”, dice el documento.
Se busca mantener las alícuotas de Ingresos Brutos y sellos, subir la alícuota de Intermediación Financiera, unificar el Impuesto Automotor y poner límites al endeudamiento externo de las provincias.
Segunda encrucijada. Bajo el subtítulo “materia tributaria nacional” es en donde aparece otro compromiso por el que la oposición también pondrá reparos. “Aprobar, antes del 31 de diciembre de este año, el proyecto de ley del denominado ´Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia´, en trámite ante el Honorable Congreso de la Nación”, dice el borrador al que tuvo acceso este medio.
Según una estimación de la AFIP, el proyecto del oficialismo que ingresó a fines de abril a la Cámara de Diputados, podría recaudar aproximadamente $307.000 millones extras a lo largo del próximo ejercicio fiscal.
Para conseguir su aprobación, el Gobierno necesita el compromiso de los jefes provinciales. No solo de los propios, sino también de los gobernadores de Juntos por el Cambio. El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, es quien encara la tarea de convencerlos, aunque el propio Alberto Fernández mantiene el diálogo abierto con estos dirigentes que en privado muestran mayor acompañamiento a la gestión que en público.
