Desde Córdoba
El escándalo que desató en Córdoba la investigación en torno a la financiera CBI SA crece a medida que se desnudan nuevos vínculos con el poder político. En los últimos días se puso en duda la continuidad del juez que entiende en la causa, Ricardo Bustos Fierro, quien debió soportar un pedido de apartamiento por parte del fiscal Enrique Senestrari luego de que se conoció una foto de diciembre de 2001, donde se lo ve abrazado a Euclides “Tati” Bugliotti, en una fiesta de fin de año de la revista Punto a Punto. Bugliotti es uno de los empresarios más comprometidos en la investigación y uno de los más fervientes defensores del kirchnerismo en la provincia. En tanto que el nombre de Bustos Fierro tomó protagonismo nacional cuando abrió las puertas a una posible “rereelección” de Carlos Menem al hacer lugar a la presentación del PJ cordobés para habilitarlo a presentarse en las internas del partido.
Pero no es Bugliotti el único nombre que sonó fuerte en los últimos días. El actual diputado nacional kirchnerista y ex intendente Daniel Giacomino también quedó involucrado en la causa. La Fiscalía federal N°1, a cargo de Enrique Senestrari, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), analizan toda la documentación existente en la Municipalidad de Córdoba respecto al vínculo de ésta con las empresas Atos y Siemens, incluyendo la concesión del sistema prepago del transporte urbano capitalino.
En la carta atribuida al vicepresidente de CBI Jorge Suau, que llegó hasta a la Justicia Federal luego de ser encontrado muerto en su camioneta, le dedica un importante párrafo a Red Bus, sistema de pago del transporte cordobés, y a Siemens. “La monetización de cheques en negro supera los dos millones de pesos diarios, llegó a ser cercana a los 5 millones en la época Red Bus estando comprometido en esto la Municipalidad de Córdoba, con las gestiones del anterior intendente Giacomino, y el actual (Ramón) Mestre”, asegura Suau en la misiva. La comuna está ahora en manos del radicalismo. Pero Suau había sido funcionario de la administración de José Manuel de la Sota.
En 2011, y tras una licitación, el entonces intendente Giacomino firmó un contrato por diez años con la empresa Siemens IT, para adjudicarle el sistema prepago del transporte urbano, contrato que quedó en la lupa de la fiscalía ya que la recaudación diaria hecha por Siemens habría ido a parar a las arcas de CBI por 72 horas, tiempo necesario para generar un interés apócrifo en la mesa de dinero que funcionaba allí. El abogado Miguel Ortiz Pellegrini pidió que se investigue a Giacomino. En diálogo con PERFIL el letrado explicó: “En el año 2012 comencé a analizar sus gastos, los cuales no coinciden con sus ingresos visibles”. A su vez reveló que “se descubrió una caja de seguridad de Giacomino” y enfatizó que “tiene una vida ostentosa”. Por su parte, el senador nacional Luis Juez, en diálogo con este medio también cargó duro contra De la Sota y Mestre. “La semana pasada se juntaron porque están muy preocupados. CBI es una radiografía exacta del poder político cordobés”, concluyó
